Los asambleístas Ricardo Vanegas y Nathalie Viteri, solicitantes del juicio político en contra de Ximena Garzón, exministra de Salud Pública, expusieron sus argumentos para demostrar el incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, en la compra de medicinas caducadas y la falta de insumos en hospitales públicos. Por ello, pidieron que la Comisión de Fiscalización dé paso a la interpelación en el Pleno de la Asamblea, donde finalmente será censurada y se le prohibirá ejercer cargo público por dos años.
Ricardo Vanegas fundamentó sus acusaciones en una serie de decretos ejecutivos relacionados con la adquisición de fármacos e insumos médicos para los hospitales públicos, con cambios en la contratación pública, para permitir la utilización del sistema de subasta inversa y la aplicación de régimen especial.
Explicó que los convenios con las empresas públicas de las universidades estatales de Ambato y de Quevedo permitieron que se realice la compra a la empresa Ginsberg, declarada como proveedor incumplido, cuyos registros sanitarios estaban suspendidos y no podía contratar con el Estado. Sin embargo, a través de la figura de aliados estratégicos, las empresas públicas compraron a este proveedor impedido de ejercer su actividad farmacéutica en el país.
De su lado, Nathalie Viteri subrayó que todas las comparecencias, especialmente de los pacientes y de los padres de niños que padecen enfermedades catastróficas, demostraron la indolencia con la que actuó la exministra Garzón, que no les dio medicinas, que no les dio un servicio gratuito y que obligó a estas familias a deshacerse de sus pocos bienes para cubrir las necesidades de salud.
Añadió que los escasos fármacos que se encontraron en las unidades médicas, como el caso del hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil están a punto de caducar y, en otros casos, no cumplen los parámetros de inocuidad y eficacia. “Se ha estado envenenando a los enfermos del país”, dijo.
Los dos solicitantes del juicio político pidieron que la comisión califique como pruebas aportadas y actuadas a favor de los interpelantes todas las versiones de los comparecientes, incluidos algunos funcionarios y exfuncionarios que demostraron que el sistema de compra unificada de fármacos e insumos no fue el más adecuado para alcanzar mejores condiciones de calidad y precios para el Estado.
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