Este sábado, 10 de diciembre, Ximena Garzón, exministra de Salud Pública, ejerció su derecho a la defensa ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el marco de la solicitud de juicio político suscrita por los asambleístas Ricardo Vanegas y Nathalie Viteri, por incumplimiento de funciones. La exfuncionaria inició su intervención con un relato sobre cómo encontró la cartera de Salud y los logros de su gestión.
Subrayó que de ser un ejemplo negativo en el mundo en lo que atañe a las acciones para controlar la pandemia de Covid-19, en sus primeros meses de ejercicio, Ecuador pasó a ser ejemplo en el mundo con la inmunización de la población en el combate a la Covid.
En torno al desabastecimiento de medicinas, la exministra Garzón indicó que entre las principales causas de la falta de medicamentos estuvieron los efectos del confinamiento, la restricción de importaciones y exportaciones. Ante esta realidad, se tomaron medidas adecuadas para la compra de medicinas, de manera centralizada y a través del régimen especial, con absoluta transparencia y apego a lo previsto en la ley.
Así mismo, resaltó que en ningún momento se contrató a la empresa Ginsberg Ecuador para la provisión de medicamentos. “Esta empresa no participó en el proceso de contratación, la compra se hizo a través de un contrato directo entre el Ministerio de Salud y la UTA EP, empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, por 19 millones de dólares”, dijo.
Respecto a la supuesta existencia de medicina caducada en hospitales públicos, la exministra Garzón aseguró que el proceso de contratación establece los parámetros técnicos necesarios para la adquisición de medicamentos, los certificados de buenas prácticas manufactureras, los registros sanitarios y demás requisitos previstos en los términos de referencia, mientras la responsabilidad de las condiciones en que ingresan las medicinas a los hospitales, depende de cada una de las unidades de salud, porque se trata de un sistema desconcentrado.
Cuestionó el que se trate de endilgar como deshonesto el procedimiento de compra con el régimen especial, cuando se trata de un mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cumpliendo todos los requisitos legales como la declaratoria de emergencia, con los sustentos técnicos y económicos que exige la normativa, puesto que no se puede acoger a este procedimiento con la sola decisión de la ministra.
A partir de este 11 de diciembre, corre el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto por los asambleístas Ricardo Vanegas y Nathalie Viteri en contra de la exministra de Salud, Ximena Garzón, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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