La denuncia sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección para los postulantes a la Escuela de Formación de la Policía Nacional, fue nuevamente analizada en la Comisión del Derecho al Trabajo.
Luego de escuchar los testimonios de los afectados; los pronunciamientos de Sandra Molina, viceministra de Seguridad y de Marcelo López, director de Admisiones de la Policía Nacional, la comisión decidió insistir en la comparecencia, personal e indelegable, del ministro de Interior, Juan Zapata y del comandante de Policía, Fausto Salinas.
Los funcionarios deberán presentar un informe motivado sobre el proceso de selección y reclutamiento de especialistas para la Policía Nacional, así como el estado de respuestas entregados a los medios de acceso de información personal en este proceso requerido por los aspirantes.
La mesa legislativa también oficiará a la Contraloría General de Estado, para que inicie los procedimientos de auditoría de gestión a los procesos de selección y reclutamiento de aspirantes a la Policía Nacional.
Los afectados reiteraron que en las nueve fases del proceso cumplieron los parámetros previstos en el reglamento, pero que no lograron un cupo, debido a que en el proceso hubo irregularidades y vulneración de derechos. Michelle Rodríguez aseveró que se violentó el derecho a la igualdad y al acceso a la información, puesto que no recibieron información ampliada acerca del puntaje alcanzado en cada fase y que los aspirantes, en su mayoría, fueron notificados vía telefónica, para que no quede evidencia.
La Viceministra de Seguridad señaló que el país contará con 30 mil nuevos policías; en abril de 2023 ingresarán 8 mil. “La Policía es una institución con normativas rígidas y rigurosas para la normalización interna”, subrayó.
El general Marcelo López, director de Admisiones de la Policía Nacional, recalcó que los cupos de ingreso responden a una planificación. Dijo que en principio tenían 6.229 cupos y para atender la demanda, luego de un informe técnico, resolvió incrementar a 7.821 cupos.
Informó que de los especialistas tomaron a las personas que tenían el perfil y si cumplían los requisitos, los llamaron a formar parte del personal de línea y llegaron a reclutar a 775 técnicos, mientras que del banco legibles reclutaron a 1.100 mujeres.
El legislador Salvador Quishpe enfatizó que reclaman transparencia en los procesos y que las autoridades expliquen por qué no seleccionaron a las personas que superaron todas las fases de pruebas, mientras que Luis Marcillo, vicepresidente de la comisión, reiteró la necesidad de buscar una solución a las personas que se sienten afectadas en sus derechos.
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