El Pleno de la Asamblea Nacional el 24 de noviembre de 2022 aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). La normativa reemplazará a la ley vigente, promulgada en 2004.
Esta ley facilita el acceso a la información a través de medios electrónicos y debe publicarse en un listado que evidencie el cumplimiento de las cuotas de acción afirmativa. Determina que las empresas públicas difundirán la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior, la información mensual sobre la ejecución presupuestaria y las actas de las sesiones de Directorio, entre otras temáticas.
Además, los movimientos y partidos políticos deberán publicar anualmente, en forma electrónica, sus informes acerca del uso detallado de los fondos públicos (fondo partidario) a ellos asignados, tomando en cuenta que para las elecciones seccionales del próximo año, tendrán que someterse a estas regulaciones.
Los ministerios que manejen contratos como Telecomunicaciones o Recursos Naturales, deberán publicarlos de manera íntegra en sus páginas web. El cuerpo legal establece que las instituciones solo podrán negar la entrega de información cuando se trate de datos confidenciales y reservados.
Entre tanto, se considera información pública toda aquella que emane o que esté en poder de las entidades del sector público o entidades privadas que, en materia de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios de este.
En la aplicación de la ley, algunos analistas coinciden que esta normativa es buena porque se consideraron las experiencias de otros países, no se dejaron cabos sueltos, se fijaron tiempos exactos, así como un paquete de sanciones drásticas para los funcionarios públicos que incumplan con las disposiciones de esta ley.
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