Encaminar el alcance de la Ley de la Defensoría Pública hacia el sector de servicios privados, es lo que propone el asambleísta Joao Acuña, en su proyecto de reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo, para evitar que queden en indefensión los consumidores de servicios privados, en especial de línea blanca, productos eléctricos y de consumo masivo.
Según esta propuesta, la Defensoría del Pueblo debe tener un rol específico para atender dichos casos, controlando la aplicación de la normativa legal, para que usuarios y consumidores tengan derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, en libertad y criterio propio, así como puedan acceder a una información no engañosa sobre el producto a adquirir.
Entre otros aspectos, prevé sanciones para las autoridades competentes que no cumplan el procedimiento defensorial respectivo y apremiar a las empresas u organizaciones privadas que se abstengan de desconocer un derecho.
Procuraduría
De su lado, el legislador Walter Gómez presentó el proyecto de reformas a la Ley de la Procuraduría General del Estado, que tiene como objetivo facultar a esta institución la representación y patrocinio del Estado ecuatoriano ante organismos de derechos humanos.
Así mismo, se busca que la Procuraduría brinde el asesoramiento, coordinación y supervisión de las instituciones públicas que deben cumplir las resoluciones dictadas por organismos de derechos humanos, con respecto al Ecuador.
Estos proyectos, antes de su envío a las comisiones para el estudio respectivos, serán puestos en consideración de la Unidad de Técnica Legislativa que emitirá su informe para conocimiento del Consejo de Administración Legislativa.
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