La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales en el marco del tratamiento del proyecto de reforma parcial a la Constitución, presentado por el Presidente de la República, recibió a expertos en derechos humanos y en materia constitucional para escuchar sus criterios.
Juan Francisco Guerrero, catedrático y experto en derecho constitucional, puntualizó que esta propuesta para regular las funciones de la fuerza pública y permitir que Fuerzas Armadas brinden su apoyo a la Policía Nacional, ya fue puesto en consideración de la Corte Constitucional y no viola derechos ni garantías constitucionales.
“Hay que partir de la premisa que una eventual acción de las Fuerzas Armadas tiene que ser extraordinaria y excepcional”, aclaró, refiriéndose a que la propuesta del Ejecutivo prevé un régimen que no tiene límites claros, demasiado general, al que debería establecerse algún tipo de límites. Sugirió señalar que el Presidente no “dispone” el apoyo complementario, sino que “decreta” el apoyo complementario, para que sea sujeto de control y posterior fiscalización.
Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo”, hizo una presentación sobre la seguridad ciudadana. Se refirió a las acciones que se toman para afrontar lo que se considera como “nuevas amenazas”.
“Las nuevas amenazas están asociadas a una narrativa estatal, como la narcoguerrilla”, dijo al explicar que afrontar estas nuevas amenazas también resulta en una justificación para que se utilicen tácticas de investigación y vigilancia contra opositores políticos. Aseguró que el camino a seguir es fortalecer la institución policial y alejarla de la militarización.
María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, señaló que no se puede pensar en un control de la ciudadanía que pueda constituir un riesgo para los derechos humanos.
“El Estado no puede crear situaciones que puedan generar riesgos para la población, no puede crear un ambiente propicio para que se dé un abuso de autoridad hacia la ciudadanía” complementó.
Mencionó también que el hecho de juntar las funciones de las Fuerzas Armadas con las de la Policía Nacional ha causado violaciones de derechos humanos y ha generado una exacerbación de la violencia en lugar de calmarla. Añadió que es “irresponsable que se abra la posibilidad a posibles violaciones de derechos”.
¿Quién determina quién es el enemigo? Puede ser el narcotraficante o el indígena que sale a protestar, porque esta determinación es arbitraria de quien la emite”, concluyó.
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