Galo Chiriboga, exfiscal general del Estado y Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana para exponer sus criterios en torno a la presunta vulneración de los derechos y faltas administrativas y la designación de los jueces para que sustancien el proceso Pablo Romero.
Chiriboga reseñó que el 3 de abril del 2013 recibieron una comunicación de Fernando Balda, asambleísta alterno, en la que relató hechos ocurridos en Colombia, sobre un supuesto delito de plagio, pero que no implicaba ninguna persona con fuero de Corte Nacional, por lo que el Fiscal General no tenía competencia para la investigación y, por tanto, remitió al Fiscal Provincial de Pichincha de ese entonces para que sorteará a su vez a un fiscal.
Expresó que, según la denuncia, estos actos preparatorios se cometieron en Colombia, es decir, debió ser remitido por la vía de una asistencia penal internacional de ese país.
Entre tanto, Fausto Murillo señaló que el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y en lo jurisdiccional no tiene nada que hacer, plano en el que son los fiscales y los jueces los responsables del procesamiento de las decisiones jurisdiccionales en todas las materias, entre ellas, la penal.
Sostuvo que como integrantes del Consejo emiten políticas que se materializan en resoluciones que deben ser aplicadas por los órganos operativos.
La legisladora Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, solicitó a la comisión que vuelva a convocar a los exfiscales Carlos Baca Mancheno y Paúl Pérez Reina, pese a que ya no son sujetos de control político.
HC/pv
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