A la Comisión de Garantías Constitucionales acudieron representantes de nueve sectores ciudadanos que padecen distintas discapacidades, para exponer sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. El cumplimiento de la contratación laboral y ampliación del número de contratados en las instituciones públicas y privadas es una de sus demandas.
También solicitaron realizar mesas técnicas donde participen todas las organizaciones a fin de construir una normativa desde sus realidades y vivencias. Somos personas que tenemos cuarto nivel de preparación profesional, sin embargo, solo nos contratan como conserjes, personal de limpieza o para contestar teléfonos, dijeron al pedir respeto a sus derechos.
Geoconda Gaibor, de la Sociedad de Albinismo del Ecuador, Inclusión con Dignidad- Ambato, solicitó que el Ministerio de Trabajo sancione con falta gravísima el incumplimiento de contratación laboral de personas con discapacidad; realice visitas periódicas a empresas para verificar el cumplimiento de la ley, revise los roles de pago porque se contrata con valores por debajo de lo legal. Denunció que para darles un contrato se les obliga a firmar la renuncia anticipada.
Félix Galarza, coordinador Nacional de Discapacidades, solicitó que la Comisión de Garantías Constitucionales ponga en conocimiento de todas las organizaciones y no solo de los gremios el proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, para crear una normativa acorde a sus realidades.
De su lado, Luis Chávez, exdeportista Paralímpico, señaló que la vigente ley no se cumple porque queda a la libre interpretación de las instituciones tanto públicas como privadas. No hay ayuda técnica-financiera para la entrega de prótesis; tampoco hay centros especializados para la rehabilitación de sus discapacidades, advirtió, mientras que Lourdes Ortega, presidenta de la Red Nacional de Padres – TEA, expresó la urgencia de crear terapias psicopedagógicas en materia educativa y fortalecer la educación inclusiva.
José Vaca, de la Organización Jóvenes en Acción Trabajando por la Inclusión – Santo Domingo de los Tsáchilas, sugirió incluir la entrega de créditos para emprendimientos por parte de BanEcuador, con interés del 1%. Está de acuerdo que por cada 15 personas se contrate a una persona con discapacidad, actualmente es por cada 25 personas.
Byron López, deportista y expresidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano, propuso implementar el lenguaje de señas en el sistema de educación, la inclusión del sistema braille, la necesidad de rampas para personas con discapacidad, así como ayudas técnicas para la entrega de sillas de ruedas y prótesis, etc.
En cambio, Javier Altamirano, ciudadano con discapacidad, pidió retomar las visitas médicas a las personas con discapacidad. Ernesto Pabón, representante de 21 familiares de pacientes con enfermedad de Gaucher, pidió incluirles en la ley para acceder a los beneficios y garantías.
Finalmente, Ivonne Alvarado, presidenta de la Asociación de Padres Espectro Autista Ecuador – APADA, expuso su preocupación porque actualmente el carné de discapacidad es un documento que no garantiza sus derechos en materia de medidas afirmativas.
JLVN/pv
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