La Comisión de Garantías Constitucionales, con 7 votos a favor, aprobó el informe sobre el incremento del número de femicidios en Ecuador elaborado por la subcomisión que se encargó de la investigación. En las conclusiones y recomendaciones se señala que la muerte violenta de una mujer debe ser considerada como posible femicidio y, por tanto, todos los casos deben ser investigados.
En el informe se destaca la necesidad de buscar salidas para enfrentar este grave problema, a través de las instituciones encargadas de proteger y promover derechos a favor de las mujeres, derechos sociales y atención integral a víctimas, así como a quienes se encargan de la administración de justicia.
Se señala que la Función Ejecutiva debe construir una estrategia nacional de política pública con carácter de emergencia, en aras de no generar impunidad y establecer medidas de acciones afirmativas.
Entre otros aspectos, se insta a la Procuraduría General del Estado que emita el criterio jurídico solicitado por el Ministerio de Inclusión Económica, con la finalidad de determinar cómo resolver el problema frente a la no entrega de bonos a más de 660 huérfanos, que al no existir sentencia ejecutoriada, no pueden acceder al bono; que el Ministerio de la Mujer realice una coordinación interinstitucional a fin de contar con el Registro Único de Violencia contra las Mujeres y el Sistema de Alerta Temprana.
También considera urgente que los funcionarios no solo se capaciten, sino se profesionalicen con perspectiva de género e interseccionalidad, con el objetivo de que el círculo de la impunidad pueda romperse.
En el debate, los comisionados advirtieron la falta de presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer; la necesidad de ampliar el número de fiscales especializados en materia de género y derechos humanos en pro de la celeridad y pertinencia administrativa, para procurar el respeto irrestricto al derecho y la justicia; la profesionalización de los servidores públicos, jueces, fiscales, agentes, peritos y todo el personal para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas, hasta las actuaciones posteriores bajo delegación.
JLVN/pv
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