En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a Fabián Robayo, de la Fundación Provida; Juan Balseca, de la Asociación de Personas con Discapacidad del cantón Mejía; Diego Villacrés, jefe de Planificación de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres; y, a Manuel Jiménez, del Frente Nacional de Personas Adultas con Discapacidad, con el fin de escuchar sus propuestas.
Fabián Robayo y Juan Balseca coincidieron en mostrar una postura contraria a la recalificación para mantener el carnet de discapacidad. Consideraron que con la recalificación se busca disminuir el porcentaje de discapacidad con el que ya cuentan, argumentaron que la discapacidad es una condición degenerativa y no cabría una posible disminución en el porcentaje del carnet.
Robayo aseguró que se debería eliminar el bono que actualmente reciben, pues “sería mejor la implementación de programas y proyectos, que puedan servir para dar trabajo a las personas con discapacidad, trabajos que nos dignifiquen”, concluyó.
Por su parte, Juan Balseca pidió que se indique en el articulado que hace referencia a la participación política de personas con discapacidad en las contiendas electorales el porcentaje mínimo que cada movimiento y partido político debe cumplir en sus listas de candidatos.
Diego Villacrés se refirió a los beneficios por importación de vehículos para personas con discapacidad y los bonos de vivienda. Recalcó que es necesario aclarar quienes son las personas que pueden acceder a estos beneficios. Explicó que con la reforma a la ley, si alguien sufre un accidente que provoque un grado de discapacidad por un tiempo determinado, hasta que pueda recuperarse de su dolencia, podría acceder a estos beneficios que otorga la ley, pero que ese no es el objeto principal de la normativa.
Al finalizar, Manuel Jiménez destacó que la comisión haya decidido tomar en cuenta a organizaciones sociales, como la que representa, para la reforma de esta normativa. “No podemos criticar la ley que tenemos, pero tiene muchos vacíos legales, porque quienes la elaboraron no fuimos nosotros”, mencionó, y solicitó que se incorpore en la ley el suministro de medicina para personas con discapacidades raras y catastróficas.
Añadió que las personas que necesitan trasplantes también deberían ser consideradas como personas con discapacidad, ya que en varios casos comparten las mismas necesidades.
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