La Comisión de Fiscalización aprobó el informe de la investigación de la adquisición de fotorradares para la ciudad de Cuenca, por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV-EP), por el cual recomienda la terminación anticipada del referido contrato, así como remitir el expediente a la Contraloría General del Estado, para que realice un examen especial a este proceso.
Esta investigación fue propuesta por el legislador Bruno Segovia, quien subrayó que se trata de un contrato que beneficia exclusivamente al aliado estratégico de EMOV-EP, el Consorcio Móvil Technology Ecuador, que recibe el 40% del total de las recaudaciones por concepto de las multas que se aplican en Cuenca, lo cual demostraría que no se busca reducir los índices de siniestralidad en las vías, sino recaudar multas y, con ello, afectar los bolsillos de los cuencanos.
Así mismo, recomienda a la Fiscalía General del Estado investigue sobre los radares de control de velocidad y las cámaras sancionadoras colocados en la ciudad de Cuenca, a fin de verificar su correcto funcionamiento y se establezcan responsabilidades, de ser el caso, dadas las múltiples denuncias y publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, ante el abuso de las sanciones recibidas por concepto de multas por fotorradares; a las supuestas irregularidades en su calibración; a la falta de homologación, margen de error y ubicación de estos equipos.
Según el informe, existen inconsistencias en los valores presupuestados por la EMOV-EP y los valores de los equipos (fotorradares), así como en las estadísticas que justifican la adopción de este medio de control, debido al impacto de la siniestralidad en las vías de Cuenca, es decir, los justificativos del contrato no tienen los sustentos técnicos ni económicos necesarios y se han incumplido los términos de referencia elaborados para la contratación.
En el debate, los legisladores coincidieron en que este mecanismo de fotorradares, no solo en la ciudad de Cuenca, sino a nivel nacional, se ha convertido en un gran negocio, pero no para los municipios que tienen la competencia del control en materia de tránsito y transporte terrestre, sino para las empresas, sean públicas o privadas a cargo de la operación de los dispositivos electrónicos colocados en avenidas y carreteras del Ecuador.
Al cierre de la sesión, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio dispuso que el expediente sea entregado a la Presidencia de la Asamblea, a todos los legisladores, a las instancias de control del Estado y al Municipio de Cuenca.
EG/pv
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