La Comisión de Desarrollo Económico conoció dos proyectos de reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, mismos que serán unificados con otras seis iniciativas. La asambleísta Jessica Castillo explicó que su propuesta está orientada a regular las relaciones contractuales entre proveedores y consumidores mediante mecanismos tecnológicos actualizados, mientras que el parlamentario Luis Almeida dijo que su iniciativa busca asegurar la eficiencia y calidad de los servicios públicos domiciliarios y garantías del consumidor.
Jessica Castillo indicó que el consumidor puede reclamar, de forma directa o a través de su representante, la reparación integral como consecuencia de la mala calidad de bienes o servicios. Explicó que el proyecto obliga a las empresas o establecimientos mantener un libro de quejas, portal web, redes sociales y una dirección de correo electrónico que esté a disposición del consumidor; anula de forma inmediata contratos de adquisición de bienes o servicios realizados bajo fraude o engaño.
En cambio, el asambleísta Luis Almeida al exponer el alcance del proyecto, expresó que se busca asegurar la eficiencia y calidad de los servicios públicos domiciliarios y las garantías del consumidor, para lo que plantea herramientas para garantizar la efectiva prestación de estos servicios.
Expresó que su propuesta incluye la obligación de los prestadores de servicios públicos domiciliaros de acoger las resoluciones de la Defensoría del Pueblo por reclamos por facturación excesiva o presuntiva.
Añadió que se incorporan normas para evitar que se incluyan valores adicionales a las planillas de servicios como son agua potable, luz y teléfono; regular el procedimiento para el otorgamiento y firma de facilidades de pago con los usuarios; ampliar las garantías de los usuarios y consumidores para la terminación anticipada de un servicio y prohibir a las empresas que vendan, cedan o compren bases de datos suministradas por terceras personas naturales o jurídicas con información personal de los usuarios.
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