Directivos de los ministerios de Salud, de Trabajo y de Finanzas acudieron a la Comisión del Derecho a la Salud, en donde expusieron sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Protección y Atención de las Personas que Padecen Diabetes. El presidente de la comisión, Marcos Molina destacó la importancia de su proyecto para la prevención y tratamiento de la enfermedad.
El legislador realizó una explicación técnica y subrayó que la diabetes es un problema metabólico y es la única enfermedad que afecta todas las arterias y órganos. En Ecuador actualmente es la segunda causa de muerte, afirmó el legislador al explicar que las reformas han sido socializadas con la academia, gremios, profesionales y más actores.
Iván Andrade, director de Políticas y Normas de Servicios Públicos del Ministerio de Trabajo, se refirió a los permisos laborales para la atención en salud y la discriminación para acceder a una plaza de trabajo. Indicó que están de acuerdo con los permisos laborales establecidos para la atención médica por esta enfermedad a los servidores y trabajadores. No obstante aclaró que los mismos ya se encuentran regulados en la Ley de Servicio Público y en el Código de Trabajo.
Enfatizó que la no discriminación por motivos de enfermedad para acceder a un puesto de trabajo en sector público o en el privado es un principio que también consta en la Constitución.
De su lado, Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública, tras explicar las estrategias de esta cartera de Estado para la atención integral de salud, sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas, afirmó que la propuesta se contrapone a las acciones que están ejecutando como Ministerio de Salud Pública, enmarcados en la Ley de Salud que establece que se debe dar una atención integral a todas las enfermedades.
Insistió que este modelo tiene un enfoque integral de todas las patologías. “La diabetes forma parte de un número de enfermedades que son consideradas factores de riesgo cardiometabólico”, enfatizó el funcionario, al sostener que no se puede dictar una ley para cada enfermedad, sino trabajar de formar integral conforme lo determina la Constitución.
Olga Núñez, del Ministerio de Finanzas, dijo que el proyecto no cuenta con una cuantificación y la fuente de financiamiento. “Incorporar a un nuevo grupo de personas a esta atención médica demandará de recursos al Estado, que debería contar con una fuente de financiamiento”, puntualizó y reiteró que este beneficio carece de sostenibilidad económica.
Marcos Molina señaló que la intervención del delegado del Ministerio de Salud no responder a la realidad, porque la gente que llega a los hospitales no encuentra insulina, medicamentos y una atención digna.
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