La Comisión de Régimen Económico escuchó a la subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Olga Núñez; Jaime Morán, representante del Ministerio de Educación y Alexis Noboa, asesor del Ministerio de Salud, quienes pidieron analizar técnicamente el contenido del proyecto de reformas a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas para el Uso Adecuado de Ingresos Excedentarios Provenientes de la Explotación y Comercialización de Recursos Naturales no Renovables, en la medida que podría afectar la estabilización fiscal al cambiar el orden de prioridad.
Olga Núñez recordó que los ingresos de la comercialización y explotación de recursos naturales no renovables están normados en las Leyes de Hidrocarburos, de Servicio Público de Energía Eléctrica y de Minería. El artículo 167 del Código de Planificación y Finanzas Públicas determina que todos los excedentes, al finalizar el año fiscal se constituirán en ingreso de caja del siguiente ejercicio fiscal, que se utilizarán para cumplir las obligaciones pendientes del Estado del ejercicio anterior, por tanto, no es posible destinar recursos como una nueva preasignación de ley, añadió.
De su lado, Jaime Morán, del Ministerio de Educación y Alexis Noboa, del Ministerio de Salud, señalaron que estas carteras forman parte de un todo del Estado, si bien les gustaría contar con más recursos, deben provenir de ingresos permanentes.
Dijeron que el proyecto afecta al todo, en la medida que cambia el orden de prioridad, es decir, no ayuda a la economía global del país. La propuesta legal establece como prioridad el gasto social y luego el pago de deuda, por lo que es conveniente mantener la ley vigente, sostuvieron.
Jaime Morán tras recordar que la ley vigente dispone que los excedentes se destinen a un fondo de estabilidad fiscal, afirmó que al determinar que estos recursos vayan a gasto social se afectaría la ejecución del presupuesto.
Las legisladoras Ana Herrera y Blanca Sacancela señalaron que la reforma está orientada a que los excedentes petroleros que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, se destinen a una subcuenta de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para financiar exclusivamente nuevos proyectos de inversión pública, principalmente en salud y educación, por tanto, la propuesta es positiva.
En cambio, la presidenta de la mesa legislativa, Mireya Pazmiño defendió su propuesta en la medida que está orientada a atender el gasto social. La propuesta es clara al establecer que, de existir remanentes financieros luego de la asignación a los proyectos identificados, estos se destinen a la cancelación de obligaciones pendientes del Gobierno Central, derivadas de ejercicios fiscales anteriores y se financien nuevos proyectos, principalmente en salud y educación, concluyó.
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