Dotar a la administración de justicia en el Ecuador de un régimen jurídico claro y que recoja aquellos criterios de especialidad, necesarios a la hora de generar mejores insumos en respuesta a las necesidades de los ecuatorianos, es el principal objetivo del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo informe para primer debate fue aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En el informe se destaca que la administración de justicia contempla varios principios que rigen la actuación de sus funcionarios, mismos que están desarrollados en el Código de la Función Judicial, entre ellos el de “especialidad”, que actualmente no existe, puesto que en varios juzgados de primer nivel, así como en salas especializadas de cortes provinciales hay jueces que su perfil profesional y académico no compagina con la especialidad que exige la Sala o Judicatura que conforman. En el ámbito del derecho no es posible que jueces con una formación en el campo civil, integren judicaturas y salas especializadas de garantías penales y viceversa.
El proyecto presentado por la asambleísta Johanna Moreira, busca desarrollar de mejor manera el principio de especialidad de la justicia, mediante la creación de salas y jueces especializados en justicia constitucional y garantías penitenciarias. La propuesta tiene otros dos ejes, como la optimización de los recursos existentes en el Consejo de la Judicatura por el concepto de multas a los abogados y una mejor sistematización de los procesos de recategorización dentro de la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, a fin de garantizar la seguridad e igualdad en los procesos de participación y promoción dentro de las mencionadas instituciones.
Previo a la aprobación del informe, la comisión desarrolló un amplio proceso de socialización del proyecto, con la participación proactiva y comprometida de la ciudadanía, con la finalidad de consolidar el diálogo directo con los distintos actores relacionados con la propuesta normativa, con el propósito de recibir la mayor cantidad de observaciones de instituciones públicas, entre ellas el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo, representantes de la sociedad civil, así como de varios expertos en derecho constitucional, administrativo y de varios operadores de justicia.
Además realizó diversas campañas de difusión y debate, varias comisiones generales para recibir los criterios de expertos en torno al proyecto de ley.
La legisladora Moreira reiteró la necesidad de avanzar a un sistema de justicia especializada en el ámbito constitucional y de género, considerando que el país ha visto con asombro decisiones judiciales que causan conmoción social, por el abuso de las garantías jurisdiccionales, situación que ha producido el rechazo de la ciudadanía, que demanda una justicia imparcial que no responda a intereses políticos.
PV
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