La Comisión por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción recibió las comparecencias de Guadalupe Cabezas, superintendenta de Bancos; Fernando Santos, ministro de Energía; y, Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, como parte del proceso de recopilación de información que se realiza en el caso “Gran Padrino”.
Guadalupe Cabezas detalló las competencias que tiene la Superintendencia de Bancos en el control de las entidades financieras del país. Indicó que cada entidad bajo el control de la superintendencia tiene la facultad de establecer el perfil de riesgo de cada cliente, en cuanto a la prevención de lavado de activos. “Nosotros realizamos una planificación en cuanto al riesgo de las entidades financieras, no de los clientes de estas; si una entidad controlada detecta una irregularidad con un cliente, la tiene que reportar a la UAFE”, puntualizó.
En respuesta a las preguntas formuladas por la mesa legislativa, en cuanto a las utilidades de los bancos en los últimos años, detalló que en el 2022 la utilidad registrada de la banca fue de 663 millones de dólares, y que la institución que más utilidad generó fue el Banco Pichincha, con 150 millones de dólares. También precisó que la utilidad del Banco de Guayaquil ha crecido en los últimos tres años y registró un monto de 109 millones de utilidad en el 2022.
Fernando Santos, por su parte, explicó que desde que está en el cargo no ha recibido ninguna notificación por parte de la Contraloría, en relación a las denuncias de corrupción que son de dominio público. Aseguró que el Gerente de Petroecuador fue calificado y designado por EMCO, y que aunque no tiene el puntaje requerido para el cargo, ha decidido no removerlo hasta evaluar su gestión.
Agregó que como una de las primeras acciones de su gestión fue pedir que se realicen auditorias en Petroecuador. “Lamentablemente, por razones que desconozco, las auditoras internacionales más famosas del mundo han rechazado su participación”, enfatizó.
El funcionario explicó que se debe sincerar las cuentas de la petrolera, pues no tiene balances auditados desde hace muchos años. Negó conocer a los personajes involucrados en las denuncias de corrupción, relacionadas con las eléctricas a excepción de Hernán Luque, con quien dijo haber mantenido tan solo una conversación de temas laborales. En cuanto a las denuncias de Petroecuador, aseguró que se están analizando y que Hugo Aguiar tiene el derecho a defenderse.
El último de los comparecientes fue el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, quien inició su comparecencia explicando las facultades de la institución en cuanto a la defensa de los intereses del Estado.
En referencia a las inquietudes de los asambleístas sobre Mauricio Guim, precisó que fue secretario del despacho desde el 1 de diciembre hasta la noche del 7 de febrero, fecha en la que fue desvinculado. “El doctor Guim me comunicó el día 7 de febrero, que al día siguiente saldría una investigación en el medio la Posta, que lo nombraba, y por transparencia decidí que lo correcto era desvincularlo de las funciones” aclaró.
Por último, afirmó que fue el quien le invitó a colaborar en su gestión, ya que lo conocía de hace más de 10 años.
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