El Comité de Ética calificó las pruebas de cargo y de descargo presentadas dentro del proceso de sustanciación de la denuncia presentada por el asambleísta, Bruno Segovia en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.
La denuncia de Segovia se refiere a una supuesta influencia de la parlamentaria en el Gobierno Nacional, para gestionar cargos públicos en favor de personas allegadas a Llori, conducta que está prohibida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Al iniciar la reunión Julio César Sarango, como abogado de Guadalupe Llori presentó la procuración judicial que le habilita como defensor en este proceso.
Como pruebas de cargo, el asambleísta Segovia presentó documentos certificados de contratos laborales en instancias del Gobierno Nacional, en la provincia de Orellana de personas que estarían relacionadas con la legisladora. Entre las pruebas de cargo, constan también fotografías de mitines políticos, en los que, según el denunciante, se encuentran coidearios políticos de la asambleísta Llori, que serían los beneficiados de los cargos públicos.
De su lado, Julio César Sarango objetó la pertinencia de las pruebas presentadas y solicitó que no sean consideradas por la comisión, “por romper el principio de legalidad”. Sostuvo que mientras el artículo 163 de la LOFL prohíbe a los asambleístas gestionar cargos públicos, en la denuncia se habla de “ejercer influencias”.
Añadió que las certificaciones de contratos laborales presentados como pruebas se refiere a funcionarios que trabajaron en el Gobierno Provincial de Orellana hace varios años.
Bruno Segovia replicó que su denuncia se basa en una información proporcionada en una conversación personal y directa sostenida con la asambleísta Llori, quien le comentó que había puesto todos los funcionarios hasta el último teniente político en Orellana. Dijo que se pretende probar la relación estrecha que sostiene Guadalupe Llori con las personas que en su momento recibieron nombramientos en el servicio público, por parte del Gobierno Nacional en la provincia de Orellana. “Lo que estoy denunciado es tráfico de influencias, gestión de cargos públicos, por tanto, la prueba es totalmente útil, pertinente y conducente”, concluyó.
Al finalizar, el comité decidió solicitar que se presenten las pruebas de cargo debidamente certificadas así como la materialización de las fotografías anexadas.
KC/pv
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