La Comisión de la Niñez continuó el análisis y aprobación de varias normas del Libro IV del proyecto de Código Orgánico Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), que se refieren a la Defensoría del Pueblo, órganos de vigilancia y resolución de quejas y denuncias, articulación de acciones, redes, protocolos y acciones interinstitucionales.
En el marco del subsistema de responsabilidad penal la norma determina que la Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones: en cuanto al proceso de detención y aprehensión de los adolescentes por parte de la Policía, verificará el uso de la fuerza y de los instrumentos de coerción, de manera excepcional y bajo los parámetros establecidos en las disposiciones legales.
En cuanto a los procesos de juzgamiento de los adolescentes con responsabilidad penal, establece que el personal de la Defensoría del Pueblo designado podrá ingresar a las audiencias, para verificar que se observen los procedimientos que corresponde al sistema de justicia especializada. Así mismo, para garantizar el derecho al debido proceso, podrá acceder a los expedientes, sin que esto constituya menoscabo a la garantía de reserva.
Este capítulo también se refiere a los adolescentes con medidas socioeducativas no privativas de la libertad. Determina que a través del Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo monitoreará las unidades provinciales de desarrollo integral para identificar posibles situaciones de vulneraciones de derechos.
Además, prevé que las unidades y centros provinciales de desarrollo integral pueden ser monitoreados por organismos internacionales, instituciones privadas, observatorios, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad sin fines de lucro, debidamente acreditadas, cuya misión sea la defensa de los derechos de los adolescentes.
Según la propuesta, las juntas cantonales de protección de derechos serán el órgano independiente para conocer y resolver las denuncias que se presenten por las violaciones de los derechos de los adolescentes, en el marco de los procesos de responsabilidad penal o que se encuentren cumpliendo medidas cautelares o socioeducativas.
HC/pv
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