La Comisión de Enmiendas Constitucionales llevó a cabo la sesión No. 036, a la que se convocó a autoridades, representantes de organizaciones sociales y de la academia, con la finalidad de escuchar sus criterios y sugerencias sobre el proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución.
Francisco Carrión hizo referencia a la evolución de la delincuencia, que de común pasó a organizada. Dijo que la “violencia creció, se diversificó y se hizo más violenta”. Mencionó que la operación criminal conocido como “vacunas” es una de las acciones delincuenciales que atemoriza a la ciudadanía, así como actos terroristas, sicariatos, y demás formas de inseguridad que, en la actualidad, son frecuentes.
Clasificó a la violencia en tres tipos: común, originada por la pobreza y la desigualdad; discriminatoria, como la de género, xenofobia, originada por factores culturales y de poder; y la de mercados ilegales, relacionada con el narcotráfico.
Se refirió a las redes del narcotráfico, como el grupo de Sinaloa, que está asentado en cincuenta y un países, y, en América, su base de acción es Estados Unidos y Brasil. Ecuador es un lugar estratégico para el crimen organizado, dijo, por lo que es imprescindible una política pública en la que el nivel de impunidad sea cero y se diseñe un sistema judicial honesto.
En relación a la iniciativa presidencial para que Fuerzas Armadas contribuyan en el control interno, manifestó que en América Latina está causando un efecto preocupante, por la militarización de las policías o la policialización de los militares. Advirtió que “sería un grave error que las policías dependan de Fuerzas Armadas”.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón manifestó que el Ecuador vive un tiempo sin precedentes con relación a la inseguridad por el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal. “Es necesario repensar y revaluar las capacidades organizativas del Estado para enfrentar estas nuevas amenaza”, sostuvo.
Cucalón convocó a un consenso en tema de seguridad. Recalcó que la propuesta de reforma al artículo 158 se fundamenta en que, no necesariamente a través de un Estado de Excepción, se prevea la participación conjunta de Policía y Fuerzas Armadas para enfrentar única y estratégicamente al crimen organizado y así colaborar en el control interno nacional. “No se aplicaría a la delincuencia común, no es para el patrullaje corriente de Fuerzas Armadas, porque su preparación no va en esa línea, pero sí en el tema del crimen organizado y sus varias aristas”, enfatizó.
Pablo Alarcón, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Espíritu Santo, sostuvo que la Asamblea Nacional tiene competencias plenas para modificar y realizar ajustes al texto presentado, para que se apeguen a los estándares internacionales de derechos humanos. “La sociedad ha cambiado sustancialmente desde 2008 y por lo tanto la Constitución requiere ser adecuada a las variables constantes de la sociedad”, añadió.
Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, expuso la preocupación de que la propuesta presidencial no solucione la inseguridad. Advirtió que el pueblo ecuatoriano no ha sido garantizado en sus derechos al trabajo, salud, educación, y producto de esta inacción del gobierno, se presenta la delincuencia común y luego, organizada. “La inseguridad no se combate sacando a las FF.AA a las calles, se combate cuando se entrega recursos para el desarrollo social”, añadió.
“Los elementos necesarios para combatir la inseguridad están en la inversión social que permita la reactivación económica social; se debe atacar la pobreza, no atacar a quienes combaten esa pobreza”, insistió.
KC/pv
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