La agenda de trabajo de la Comisión de Justicia se nutre con los proyectos presentados por legisladores de diversas bancadas. Esta vez, inició el estudio de 11 nuevos proyectos que reforman el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de Procesos y la Ley de la Contraloría General del Estado.
La jornada inició con el conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que calificó el proyecto de reformas al artículo 209 del COIP, presentado por el asambleísta Lenin Barreto. De inmediato, el legislador José Chimbo fundamentó su proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado para Recuperar el Dinero Robado al Estado.
Tras recordar los resultados de los exámenes de auditoría realizados por la Contraloría, explicó que con la propuesta se pretende fortalecer la facultad coactiva de la institución, para recuperar el dinero que en los exámenes se han identificado como fondos públicos y que han sido mal utilizados. También determina los procedimiento y los plazos para su recuperación.
En tercer lugar, inició el estudio del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, del parlamentario Blasco Luna, quien informó que la propuesta surge ante el incremento de los índices de violencia, homicidios, asesinatos y sicariato y la necesidad de combatir esta problemática que afecta a la sociedad. “La acumulación de penas para los responsables de delitos contra de la vida es uno de los objetivos”, añadió.
Luego avocó conocimiento de la resolución del CAL mediante la cual calificó el proyecto de reformas al COIP, presentado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín.
Otro de las proyectos que ingresó en la agenda de la Comisión de Justicia, es el que reforma la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, de iniciativa de la asambleísta Esther Cuesta. La legisladora tras recordar que en la consulta el pueblo dijo no a los paraísos fiscales, expresó que la ley no ha sido suficiente para asegurar que los servidores públicos, incluidos los de elección popular, no tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Según esta propuesta se prohíbe también a los candidatos a una dignidad de elección popular tener, de manera directa o indirecta, bienes o capitales durante los últimos 5 años.
Los asambleístas Johanna Moreira y Alejandro Jaramillo explicaron los objetivos y alcances del proyecto de Ley de Capacitación Obligatoria en Género, Contexto, Enfoque y Perspectiva para Servidores Públicos, que busca viabilizar la norma constitucional que obliga al Estado a adoptar las medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad y sancionar la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
Además, conoció el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Provincial, Gobernaciones, Intendencias, Jefes Políticos, Comisarías y Comisarios, del asambleísta Rodrigo Fajardo; el proyecto de reformas al Código de la Democracia propuesto por los asambleístas Ana Herrera, Mireya Pazmiño, Gissela Garzón, Jhajaira Urresta, Vanessa Freire, Zolanda Plúas, Rosa Belén Mayorga, Johnny Terán, Jahiren Noriega y Paola Cabezas.
También inició el análisis del proyecto de reformas al COIP, Justicia Terapéutica para una Rehabilitación por el Uso, Consumo de Sustancias Estupefacientes, propuesto por Rodrigo Fajardo, Ramiro Narváez, Jorge Pinto y Xavier Jurado.
La jornada finalizó con los proyectos de reformas al Código General de Procesos para Optimizar la Citación Judicial, planteado por el parlamentario Byron Maldonado y de reformas al COIP de iniciativa de la legisladora Diana Pesántez.
PV
