La Comisión de Régimen Económico recibió a Diego Ramos, miembro del Observatorio de la Dolarización y a Marco Flores, del Foro Económico y Finanzas Públicas, quienes evaluaron la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que permite la regularización de activos que mantienen personas naturales y jurídicas nacionales en el exterior.
Según Diego Ramos, existen varias dificultades para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) transparenten el objetivo de esta ley. Se trata del principio de confidencialidad que resguarda la información relacionada con esta temática, lo cual impide conocer cuál es el impacto de esos activos en el pago de tributos, como el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas, así como el pago de utilidades a los trabajadores.
Indicó que estos problemas fueron advertidos en su momento, cuando se tramitaba la ley, y ahora son hechos evidentes, por lo que considera necesario realizar algunos ajustes a la norma, para que se alcancen los objetivos propuestos, es decir, repatriar los capitales y recuperar aquellos recursos que no ingresaron a la caja fiscal por concepto de tributos y demás obligaciones establecidas para las personas naturales y jurídicas, de conformidad con la ley.
De su lado, Marco Flores subrayó que esta no es una legislación nueva, pues existe en muchos países del mundo, en algunos casos, bajo la denominación de Ley de Blanqueo de Capitales, en el buen sentido de la palabra. Agregó que en otras naciones, como el caso de Argentina, se extendió el plazo para la aplicación de esta normativa y, en Uruguay, se determinó un sector específico al que beneficia la ley, para este ejemplo, la construcción.
Explicó que en Ecuador la ley no tiene un segmento de destino de los recursos que se recuperen, que bien podría ser la agricultura. Así mismo, indicó que los cálculos que se efectúan respecto de esta temática, acerca de la posible incidencia de recursos provenientes de actividades ilícitas no son correctas, porque se hace una comparación con los medios de pago, es decir los billetes y monedas que circulan, cuando lo técnico es comparar con el Producto Interno Bruto (PIB).
La mesa tenía previsto recibir a los titulares del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, quienes se excusaron y sus comparecencias serán reagendadas, posiblemente, para el lunes de la próxima semana.
Informe para primer debate
En la misma sesión, el organismo legislativo, con cinco votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas para el Uso Adecuado de Ingresos Excedentarios Provenientes de la Explotación y Comercialización de Recursos Naturales no Renovables, que tiene por objetivo normar y regular los ingresos excedentes del precio de venta del barril de petróleo y de las actividades relacionadas con recursos naturales no renovables para garantizar la inversión en salud y educación.
Para la elaboración del informe, la Comisión escuchó a representantes de diversos sectores, tanto de organismos públicos, como de organizaciones privadas y expertos en materia petrolera, minera y fiscal, así como a diferentes gremios, entre ellos, la Unión Nacional de Educadores.
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