La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a Lucía Chicaiza, presidenta electa de la parroquia La Merced de Buenos Aires y del Colectivo "Bonarenses Unidos Protectores del Ecosistema Buproe”; a Gustavo Tates, comunero de El Triunfo; y, a Franklin Romero, morador de este sector, quienes expusieron la problemática que enfrentan frente a la represión a las comunidades por resistirse al extractivismo minero.
En este marco, solicitaron a la mesa legislativa iniciar un proceso de fiscalización sobre los recursos humanos y económicos utilizados por Fuerzas Armadas y la Policía para brindar seguridad al titular minero Hanrine Exploration Ecuadorian And Minig durante los años 2021 al 2023 y que para ello llame a comparecer a los Ministros de Defensa y del Interior.
Franklin Romero relató los hechos ocurridos los días 22 y 23 de enero de 2023, donde se produjo un enfrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que custodiaron el ingreso de la empresa minera.
Informó que frente a ello solicitaron acción de protección extraordinaria para garantizar los derechos de los habitantes de este sector, debido a la vulneración de derechos de las comunidades. “No estamos de acuerdo que se realice minería en nuestro sector, porque los habitantes de El Triunfo somos productores agrícolas y ganaderos y defendemos el agua y la tierra”, subrayó.
Entre tanto, Lucía Chicaiza dijo que la comunidad de El Triunfo está organizada y no permitirá que se realice minería en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Por su parte, Gustavo Tates expresó que para aprobar la concesión minera no se realizó la consulta ambiental ni consulta previa, libre e informada, por lo que considera que se han vulnerado los derechos de la población.
JLVN/pv
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