La Comisión de Educación, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación para la Defensa de los Pequeños y Medianos Productores, escuchó a diferentes actores expertos en temas de propiedad intelectual, con el objeto de recibir sus propuestas y observaciones.
Agustín Cachipuendo, dirigente de Fortalecimiento de la CONAIE, expresó su malestar por la problemática que viven los pequeños floricultores de Cayambe, Cotopaxi, Carchi e Imbabura, considerando que los emprendedores sufren muchos atropellos como el cobro excesivo de las regalías y vulneración de derechos a las comunas.
Advirtió que funcionarios del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) han procedido a cortar las plantaciones de flores, por lo que solicitó el apoyo legal en materia de propiedad intelectual que les permita mejorar la producción. Nosotros deseamos pagar, pero pedimos que se cree una norma para evitar abusos, reiteró.
Marcos Ortiz, experto en propiedad intelectual, sostuvo que el cobro debe estar sujeto a una norma en la que se establezca de manera clara y sin vulnerar los derechos de los ecuatorianos, para que exista armonía en la producción y el respeto a la propiedad intelectual, de ahí la importancia del proyecto que debate la comisión.
Para Alexander Barahona, experto constitucionalista y docente universitario, el Código Ingenios requiere reformas que permitan que los pueblos ancestrales y pueblos montubios tengan mas representatividad y, con ello, mayor la opción de decisión.
Suley Torres, directora del SENADI, aseguró que algunas de las reformas planteadas provocarían confusión entre usuarios de la variedad vegetal, pues la identificación de la obtención vegetal debe ser la misma en todos los territorios, considerando que identifica al conjunto de plantas que comparten determinadas características.
La asambleísta Dina Farinango, proponente del proyecto, tras recordar que las flores ocupan el 5,3% de participación de las exportaciones no petroleras del país y es el quinto producto de exportación no petrolera, explicó que el proyecto busca fortalecer la participación ciudadana, representatividad de pueblos y nacionalidades, evitar el abuso de las grandes empresas con la imposición de precios, licencias u obtenciones vegetales.
"Estamos de acuerdo con que las empresas ganen por el aporte que hacen con su capital, pero jamás vamos a permitir abusos a nombre de la legalidad y que hagan dinero con la explotación de terceros", añadió.
Educación ambiental
Sobre el segundo punto del orden del día, la comisión recibió a la asambleísta Gissella Molina, quien expuso los alcances y objetivos del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para la Educación Ambiental.
Explicó que la ley vigente aborda de forma limitada la educación ambiental en los programas de educación y en las mallas curriculares, sin brindar la importancia y relevancia para que sea parte de la formación de estudios, investigación, planes y programas educativos.
Por ello, propone incorporar la educación ambiental en los niveles de educación inicial, básica y de bachillerato, para que los estudiantes obtengan contenidos teóricos y prácticos para la mayor comprensión del ambiente y preservación.
El presidente de la comisión, Manuel Medina informó que el proyecto se tratará de manera unificada con las otras propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
En esta sesión participó Karla Zambrano Amores, como “Asambleísta por un Día”, quien vino desde la provincia del Guayas, para ser parte de la mesa legislativa.
SL/pv
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