La Comisión de Relaciones Internacionales, en su sesión 133, recibió las comparecencias de autoridades de varias instituciones, a fin de analizar el proyecto de Ley de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional.
Ricardo Reyes, de la Coordinación Jurídica de la Fiscalía General del Estado, señaló que no se encuentra claro el alcance de la norma dentro de ciertos artículos, como es la contradicción sobre el órgano competente con atribuciones para recibir todas las solicitudes de la Corte Penal Internacional.
Además, precisó que las solicitudes deben ser canalizadas directamente por la Fiscalía y no direccionado por la Corte Nacional de Justicia, considerando que tiene las capacidades investigativas y es el ente central para promover asistencias penales.
Gladys Garzón, subdirectora de Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, sugirió establecer que el Presidente de la Corte Nacional sea la autoridad competente para conocer y resolver los procesos requeridos por la Corte Penal Internacional.
El embajador Marcelo Vázquez, coordinador general de Asesoría Jurídica, de la Cancillería, consideró útil que exista una ley de cooperación al igual que lo han adoptado varios otros países, para que haya precisión en el momento en el que se requiera o se concrete la cooperación con la Corte.
Ximena Ron, directora de la Red de Mujeres Constitucionalistas, sostuvo que la definición y diferencias de extradición debe sujetarse a lo que estipula el Estatuto de Roma, ya que la Corte Penal Internacional es una jurisdicción complementaria, mas no ajena, a la nacional.
“La orden de detención y procedimientos de entrega entre Estados miembros respalda la cooperación penal como un sistema desvinculado de la discrecionalidad política propia de la extradición, así como los procedimientos a seguir”, concluyó.
ES/pv
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