La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en su tarea de fiscalización recibió al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, con la finalidad de que aclare el contenido del informe anual de labores presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
El funcionario explicó que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución de la República, tiene la potestad para controlar con sujeción de la ley los actos y contratos entre las entidades del sector público, es decir, el control de legalidad comprende la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicada a los actos y a cada procedimiento de contratación pública.
Aclaró que en este procedimiento de contratación no implica revisar las condiciones técnicas o económicas del contrato como tal, que le compete a la Contraloría, a la vez informó que en 2022 respondió 582 consultas en los diferentes niveles de gobierno.
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