La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a representantes de organizaciones de la defensa del Chocó Andino y del sector de Pacto, noroccidente de Quito, para que expongan las razones por las que se oponen al extractivismo minero ilegal que se realiza en la zona y que pone en peligro la flora y fauna de la reserva ecológica.
Richard Paredes, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Pacto y del Colectivo Quito sin Minería, manifestó que ha sido víctima de atropellos, hostigamiento, persecución, por parte de las empresas mineras por ser contrario a su práctica ilegal. Denunció que en tiempo de pandemia las empresas mineras aprovecharon para realizar la explotación ilegal.
Solicitó que se haga una fiscalización a las concesiones mineras Natural Resort, Rumiñahui, 5 de Junio, Medina Changó – Santa Bárbara y advirtió que si no se controla las explotación minera, en 10 años se puede perder la reserva de biósfera. “Están en amenaza 286 mil hectáreas de bosque subtropical, que es un espacio botánico y de distracción de los quiteños”, dijo.
July Tenorio, abogada del GAD de Pacto y activista del Frente Antiminero Pacto por la Vida, El Agua y la Naturaleza, dijo que han sido criminalizados por su lucha contra la minería y reclamó la falta de políticas públicas y de participación ciudadana para frenar esta práctica. “Pacto es el pulmón de Quito, donde se encuentra el Chocó Andino, declarado por la Unesco como la séptima reserva de biósfera en el Ecuador”, aclaró.
Por su lado, Camila Mafla, del Frente Pacto por la Vida, Agua y Naturaleza, explicó que en Pacto existen 10 concesiones mineras y 10 permisos de minería artesanal. Entre las concesiones se encuentran: Compañía Ecuamin S.A., anteriormente conocida como Melina Chango – Santa Bárbara y no registra permiso ambiental para explotar, pese a ello continúa extrayendo, denunció.
Fanny Loza, representante de los antimineros criminalizados e Ivonne Ramos, de Acción Ecológica mostraron las bondades de la tierra de Pacto, donde se produce panela orgánica. Anunciaron que la campaña Quito sin Minería recoge firmas para terminar con la minería del noroccidente de Quito. Se unieron al pedido de fiscalización para investigar a las mineras ilegales y salvar al pulmón de Quito que, además, es turístico y rico en biodiversidad.
El legislador Mario Ruiz respaldó el pedido de fiscalizar las concesiones mineras, mientras la legisladora Paola Cabezas recordó que a la Comisión de Biodiversidad le corresponde fiscalizar los procesos mineros ilegales y las empresas que ejercen sin permisos la explotación de la tierra.
El presidente de la comisión, Fernando Cabascango anunció que pedirán información a las entidades respectivas, para determinar qué comisión da tratamiento a estas denuncias.
En otro tema, la mesa legislativa inició el estudio del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, propuesto por la asambleísta Patricia Mendoza, cuya finalidad es fortalecer el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución, que reconoce el derecho a todas las personas a tener nombres debidamente registrados y libremente escogidos.
KC/pv
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