Este jueves, 30 de marzo 2023, en la sesión 860 del Pleno de la Asamblea, los legisladores ratificaron el compromiso de trabajar junto a las asambleas populares y a los gobiernos autónomos descentralizados en la construcción de un proyecto de reforma a la Ley de Participación Ciudadana con respecto al proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos participativos que tenga una verdadera utilidad y aplicabilidad en beneficio de la comunidad.
El fin de la norma no deberá burocratizar más el tema con la inclusión, por ejemplo de instituciones que legalmente no son ni siquiera competentes para tratar los presupuestos participativos, en lo que se integrará a los colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, las comunas y las diversas formas de asociación y organización social.
Esta decisión se adoptó en el marco del segundo debate de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, mismo que, por sugerencia de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana fue archivado.
La mesa legislativa en su informe señala, entre otros aspectos, que las realidades y pedidos de la ciudadanía son diversos y es deber de los legisladores construir proyectos de ley que se ajusten y respondan a las necesidades de la ciudadanía, hecho que no se ha evidenciado en el proyecto archivado, ya que existe un desconocimiento de líderes ciudadanos que día a día han trabajado con presupuestos participativos y tienen amplia experiencia sobre el asunto acerca de esta pretendida reforma.
Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, advirtió que este proyecto no solucionará la verdadera problemática, pues se requiere otro mecanismo para lograrlo, como por ejemplo, una adecuada coordinación entre los actores involucrados para una eficiente ejecución y cumplimiento de las diferentes etapas del presupuesto participativo.
El legislador sugirió el archivo del proyecto porque propone individualizar los sujetos a intervenir en los procesos de presupuestos participativos cuando la Ley de Participación Ciudadana prevé un ámbito de aplicación obligatoria considerando como sujeto de derecho de participación ciudadana a todas las personas en el territorio ecuatoriano.
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