El defensor público, Ángel Torres Machuca, al ampliar su informe de labores correspondiente al año pasado, advirtió que la falta de pesupuesto tiene una incidencia directa en el ejercicio de las competencias.
El funcionario enfatizó que la institución requiere al menos 41 millones de dólares para poder cubrir todas las responsabilidades, situación que tiene pleno conocimiento el Consejo de la Judicatura, pero que por regulación del Ministerio de Finanzas, el presupuesto bordea los 33 millones, provocando un déficit a la Defensoría.
La legisladora Victoria Desintonio cuestionó sobre el número de defensores públicos y las condiciones en que desarrollan su trabajo, a lo que el Defensor Público respondió que ha solicitado insistentemente al Consejo de la Judicatura, la convocatoria a concursos de profesionales para incrementar la nómina, ya que la última se realizó en 2015, así como ha insistido en la homologación salarial.
Informó que los defensores públicos ganan 2 mil 500 dólares y con la homologación ascendería a 4 mil, sostuvo, para lo que deben pasar a, régimen del Código Orgánico de la Función Judicial, peticiones que ya constan en el Plan Nacional.
También informó que en su administración se elaboró un plan de atención para víctimas de estos casos, así como para las parsonas LGBTI y con discapacidad, enmarcado en un trato justo y de inclusión, libre de discriminación.
De su lado, el legislador Edgar Quezada reclamó al funcionario que no se haya ejecutado el gasto presupuestario durante el año 2022. Dijo que debido a esa inacción, los diez defensores públicos que tiene Sucumbíos trabajan en un mismo espacio, sin condiciones dignas.
Entre tanto, el asambleísta Gruber Zambrano cuestionó sobre la utilización del sistema tecnológico. El Defensor Público informó que al recibir la administración encontró equipos obsoletos, con más de 12 años de uso y que por gestión suya logró un incremento de tres millones de dólares al presupuesto para la renovación total de los equipos.
KC/pv
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