La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de cuatro nuevos proyectos, tendientes a garantizar el respeto a los derechos humanos, proteger a los pescadores y combatir la inseguridad ciudadana.
La jornada empezó con el conocimiento del proyecto de Ley de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado en materia de derechos humanos, que fue presentado por los asambleístas Esther Cuesta, Ricardo Ulcuango, Pamela Aguirre y Lenin Mera. Esther Cuesta explicó que el proyecto fue preparado considerando que vivimos en un Estado en el cual hay una constante vulneración de derechos, como el derecho salud, a la integridad y a la vida.
Además, inició el estudio del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta iniciativa legal, del legislador Lenin Mera, busca fortalecer la seguridad de los pescadores. El parlamentario advierte que la piratería amenaza la seguridad marítima al poner en peligro el bienestar de la gente de mar y la seguridad de la navegación y el comercio, actos delictivos que pueden ocasionar la pérdida de vidas, daños físicos o toma de rehenes entre la gente de mar, perturbaciones importantes para el comercio y la navegación, pérdidas financieras a los propietarios, mayores costos para los consumidores y los productores y daños al medio marino.
De inmediato avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante la cual calificó el proyecto de reforma a la Ley de la Contraloría General del Estado, propuesto por el asambleísta Blasco Luna. En la exposición de motivos advierte que muchas de las ocasiones pasan largos años para que los recursos administrativos y judiciales sean atendidos y resueltos, ocasionando que las obligaciones impuestas por el organismo de control causen intereses que, en varios casos, superan considerablemente el valor de la obligación principal. Por ello plantea que los intereses se generen luego de que la obligación se vuelva legalmente exigible y no desde la existencia de un eventual perjuicio.
En cuarto lugar inició el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Su proponente, Alejandro Jaramillo, plantea mecanismos tendientes a fortalecer el sistema de justicia y garantizar la seguridad ciudadana. Esto como respuesta a que Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad ciudadana, que se evidencia en las masacres carcelarias y los hechos de violencia que se han traducido en el incremento insostenible de sicariato, delincuencia organizada, tráfico de dogas, terrorismo que han sacudido a la opinión pública y se han evidenciado en todos los niveles de la sociedad.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo informó que las propuestas serán socializadas y debatidas con los diversos actores, a fin de preparar los informes y construir leyes para fortalecer la normativa legal ecuatoriana.
PV
