La asambleísta María Soledad Vela al señalar que comparte el criterio del presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, sobre la necesidad de regular la justicia indígena, sostuvo que es necesario fijar límites y aclarar los alcances de las costumbres ancestrales.
A criterio de la representante de la provincia de Manabí, ninguna institución, norma comunitaria, uso ni costumbre puede destruir los derechos humanos, además, que tanto en derecho ordinario como en el indígena el límite está marcado en esos derechos.
Aseveró que las comunidades no pueden extralimitarse más allá de los derechos fundamentales; por tanto ningún caso de asesinato o violación debe quedar impune a nombre de la justicia indígena, toda vez que la Constitución y los instrumentos internacionales reconocen a las víctimas el derecho al sistema penal; acceso a la justicia; tratamiento equitativo ante la ley y la reparación integral. Además, que es lamentable que los administradores de justicia como los abogados, se escuden en la justicia indígena para dejar libres a quienes son delincuentes y que por la naturaleza de delito deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
Por último dijo que el tema es una exigencia de los operadores de justicia no de ahora y que la Asamblea está en la obligación de atenderla.
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