La Comisión de Garantías Constitucionales inició el estudio de los proyectos de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo que recibió a los proponentes: Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y los legisladores Esteban Torres, Dina Farinango, María Belén Mayorga y Patricia Mendoza.
Virgilio Saquicela y Esteban Torres sustentaron las razones por las que es necesario reformar la ley, a fin de garantizar la eficacia de las decisiones legislativas. Argumentaron que la reforma surge ante al abuso de figuras jurídicas desde el año 2020, por cuanto, de siete mil acciones constitucionales de distinta índole, como acciones de protección y habeas corpus, se ha pasado a 21 mil, es decir, se han triplicado.
“Se está abusando de estos derechos, la reforma planteada no significa que se vaya a menoscabar derecho alguno, sino que las acciones se dirijan a las instancias que corresponden”, dijo Virgilio Saquicela, al advertir que hay temas que pertenecen a lo contencioso administrativo y no a lo constitucional.
Esteban Torres, por su lado, insistió en que el espíritu de la reforma es darle “concresión a los límites que tienen las acciones constitucionales previstas en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, sin que implique eliminar la garantía, sino que se liberen de disputas políticas”.
De inmediato avocó conocimiento del proyecto de reforma para garantizar dictámenes célebres en casos de estado de excepción, y para evitar la arbitrariedad en la administración de justicia constitucional, presentado por la asambleísta Dina Farinango, quien enfatizó que el Gobierno ha abusado de los estados de excepción, “sobre todo en algunas provincias del país, yéndose contra la sociedad civil”.
“Hemos tenido varios casos desde el 2019 y 2022, los estados de excepción se han decretado, incluso, durante la práctica de luchas sociales y no se pueden vulnerar los derechos establecidos en la Constitución”, subrayó.
De su lado, la asambleísta Rosa Belén Mayorga defendió la propuesta de reforma al artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, referente al principio de igualdad para los procedimientos judiciales. “El principio de igualdad promueve que en un proceso judicial todas las partes tienen la misma oportunidad de defensa”, argumentó. En este contexto, dijo que la propuesta tiene como objetivo analizar el procedimiento de las revocatorias a medidas cautelares y que se cumpla dentro del principio de igualdad.
Por último, conoció el proyecto de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales para garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud, de iniciativa de la parlamentaria Patricia Mendoza, que se unificará con las otras propuestas que tratan sobre la misma materia, a fin de elaborar el informe para primer debate.
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