La garantía de la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo nacional para la protección del Estado en zona aérea y soberana es lo que analizan los legisladores de la Comisión de Seguridad Integral, a través del proyecto de Ley de Interceptación de Aeronaves Irregulares y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, previo a la construcción del informe para primer debate.
Este lunes revisaron el articulado que está dividido en seis capítulos relacionados con el protocolo, identificación de aeronaves y autoridad aeronáutica civil; guía para interceptar y el sistema de seguridad interior aéreo ecuatoriano; uso de la fuerza; incautación de artículos de las aeronaves y la cooperación internacional; y, control de pistas ilícitas y aterrizajes.
En el documento borrador se destaca la regulación del procedimiento para erradicar el tránsito aéreo de actividades ilícitas del crimen organizado, en el territorio ecuatoriano. Considera dos clases de interceptación de aeronaves civiles.
Se refiere a la interceptación común, que es la corrección voluntaria de la trayectoria de la aeronave, tras la advertencia de su presencia en perímetros vedados de espacio aéreo por parte de las autoridades competentes, mediante la señalización que hagan los pilotos al comandante de la aeronave interceptada para que abandone dicha zona o el “aterrizaje coercitivo”, aplicado a la misma por dicha violación territorial.
La interceptación extrema se refiere al abatimiento de una aeronave hostil mediante elementos destructivos como misiles tierra-aire, así como otro tipo de proyectiles lanzados desde aeronaves caza autorizadas para su derribo.
Tras la lectura del documento, el presidente de la comisión, Ramiro Narváez indicó que están siguiendo todos los procedimientos que garanticen calidad en la ley. Aclaró que no es una es una ley exclusiva del derribo, sino que es mucho más amplia, es todo el proceso antes del derribo, control de los drones, instituciones que van a controlar, protocolos, es decir, la regulación de los procedimientos para este tipo de actividades.
A la parlamentaria Patricia Núñez le preocupa que la propuesta pueda contravenir disposiciones constitucionales; lo que dice el Consejo de Seguridad de la ONU en el tema del abatimiento de los aviones que provocaron la muerte de inocentes. Hay que entender que Fuerzas Armadas tienen sus propios protocolos y procedimientos, subrayó, al comentar que al ser una ley delicada y complicada se debe tomar en cuenta que se podría violar procedimientos y convenios internacionales.
Simón Remache dijo que las aeronaves no tripuladas, como los drones si bien pueden ser una amenaza para el futuro, hoy es una herramienta de trabajo y en la actualidad son utilizados para la medicina y la producción agrícola, por lo que su uso debe estar debidamente normado.
Este proyecto es aplicable a todas las aeronaves civiles, nacionales o extranjeras; y a los sistemas de aeronaves no tripuladas como: drones, remotely piloted aircraft o RPA, unmanned aerial vehicle o UAV, unmanned aerial system o UAS y cualquier otro tipo de aeronaves autónomas que clasifique la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se encuentren operando en territorio y espacio aéreo del Estado ecuatoriano.
RSA/pv
Más fotografías:
