Comisión de Garantías Constitucionales recomienda enjuiciar políticamente al Ministro de Inclusión Económica y Social

Martes, 09 de mayo del 2023 - 10:08 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Comisión de Garantías Constitucionales recomienda enjuiciar políticamente al Ministro de Inclusión Económica y Social

La Comisión de Garantías Constitucionales, con seis votos afirmativos, recomendó enjuiciar políticamente al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por la exclusión de beneficiarios de los bonos que otorga el Estado a personas en condiciones de vulnerabilidad, por cuanto se afectaron los derechos de centenares de ciudadanos ecuatorianos, que no fueron notificados de forma motivada sobre la salida de los referidos beneficios.

El informe determina que el expediente pase a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que se incorpore a la solicitud de juicio político contra Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), que está en su conocimiento, por existir identidad de sujeto y conexidad de hechos.

La mesa legislativa recomienda, además, que el MIES establezca un mecanismo eficiente para la notificación de los casos de exclusión de beneficios económicos, así como los parámetros técnicos que justifiquen esta decisión.

Así mismo, con cinco votos a favor, la comisión aprobó el informe sobre la fiscalización de los hechos suscitados en la Parroquia la Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, durante los días 23 y 24 de enero de 2023, respecto a la intervención de la compañía HANRINE ECUADORIAN, que constituye una violación a los derechos humanos de las comunidades de este sector.

El documento subraya que se incumplieron procedimientos y parámetros para el otorgamiento de la licencia ambiental a la referida compañía, tampoco se procedió con la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental a la comunidad, respecto de este proyecto, conforme lo establecido en la legislación nacional, hechos que exacerbaron los ánimos de las comunidades y llevaron a ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Según el informe, estos hechos generaron un conflicto social que ha afectado la vida de la comunidad de la parroquia Buenos Aires, además la intervención del Estado ha contribuido a escalar aún más el conflicto, en lugar de proteger los derechos de los pueblos y las comunidades.

EG/pv

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