Garantizar la adecuada investigación y enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, conforme a su judicialización y las funciones dispuestas en el Estatuto de Roma, mediante la determinación de órganos estatales y el establecimiento de procedimientos de cooperación y asistencia, es el objetivo del proyecto de Ley de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional, que fue tramitado este martes por el Pleno de la Asamblea Nacional.
El proyecto se ajusta a las normas constitucionales e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en especial, en lo que respecta al Estatuto de Roma; permite que Ecuador cumpla las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el derecho penal internacional, y concretamente, aquella que hace referencia a la obligación del Estado de asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en el Estatuto.
La legisladora Raiza Corral, en su calidad de ponente del proyecto, informó que en la socialización de esta propuesta, la Legislatura escuchó la opinión de autoridades de la Fiscalía General del Estado; Corte Nacional de Justicia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Red de Mujeres Constitucionalistas; y, de la Academia. También realizó tres mesas técnicas en las que participaron diversos actores relacionados con la materia.
En el debate intervinieron los parlamentarios Esther Cuesta, proponente del proyecto, Jorge Peñafiel, Ricardo Ulcuango, Jonathan Parra. Se destacó que se trata de una norma para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos y evitar que haya impunidad para sus responsables.
También señalaron que este instrumento legal dota al Estado ecuatoriano de las herramientas e instrumentos, para asegurar una asistencia y colaboración eficaz y oportuna a la Corte Penal Internacional, para la sanción a os responsables de la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Una de las observaciones se refirió a la factibilidad presupuestaria para la aplicación de la ley.
Tras señalar que la colaboración se daría a través de instituciones como la Cancillería, Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado, afirmaron que con ello se busca cumplir los compromiso que asumió el Ecuador, al suscribir y ratificar el Acuerdo de Roma para asegurar la materialización del ejercicio pleno de los derechos de las personas.
El proyecto y las observaciones de los legisladores serán remitidos a la Comisión de Relaciones Internacionales, que se encargará de elaborar el informe para segundo debate.
PV
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