En el marco del análisis del proyecto de Ley económico urgente, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Niels Olsen, ministro de Turismo, quien expuso la situación de esta industria en el país y sugirió la inclusión de un articulado que impulse las inversiones en el sector turístico.
El titular de la cartera de Estado subrayó que la industria turística es la tercera fuente de ingresos no mineros y petroleros del país, que ha presentado una significativa recuperación pospandemia del 91 % que actualmente emplea a más de 550 mil personas a nivel nacional.
Dentro de sus propuestas, sugirió incluir incentivos tributarios a las sociedades del sector turístico nuevas y existentes que realicen inversiones mínimas de 100 mil o 50 mil dólares, respectivamente. La propuesta presenta diferenciaciones del beneficio, dependiendo de la localidad en la que se realiza la inversión y si incluye proyectos de transición ecológica.
Además, que se otorgue la deducción del impuesto a la renta por gastos efectuados al exterior, por parte de prestadores de servicios de turismo en casos de mercadeo, promoción de turismo receptivo, participación, arriendo o concesión de espacios en ferias internacionales de turismo; y, pago de regalías, franquicias, servicios técnicos, administrativos, derechos o comisiones a terceros, relacionados con provisión o promoción de servicios turísticos en el país, servicios profesionales o artísticos.
En esta sesión, también participó Alejandro Martínez, presidente de ExpoFlor, quien recomendó que se limite la retención del IR de los grandes contribuyentes, al valor de la renta causada efectiva del año anterior, para evitar que el Estado al final del año tenga que devolver alrededor de 1600 millones de dólares de impuestos sobre pagados y no afectar la liquidez de las empresas.
Sobre los incentivos tributarios para las nuevas plazas de empleo, los legisladores Ana Galarza y Francisco Cevallos instaron a la comisión a incluir en la propuesta a personas mayores de 45 años y ciudadanos alimentantes, que según el último censo del INEC ambos segmentos suman alrededor de 4 millones de personas que tienen obligaciones económicas que cumplir.
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