La tarde y noche de este jueves, 7 de diciembre, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó por unanimidad,el informe no vinculante en torno a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Salud Mental, que crea el marco legal para prevenir la mortalidad, morbilidad, discriminación, discapacidad e institucionalización de las personas con trastornos mentales, a través de una atención oportuna y preventiva, tratamiento y rehabilitación acorde a la mejor evidencia científica, recuperación e inserción social, familiar, laboral y comunitaria, alineados a los derechos humanos.
La comisión se allanó a las observaciones del Ejecutivo conforme los argumentos técnicos, jurídicos y legislativos. Los allanamientos corresponden a las objeciones, cuyos ejes temáticos están relacionados con institucionalidad; salud mental; procedimientos; vigilancia y control de establecimientos de salud mental.
Los integrantes de la mesa legislativa argumentan que la objeción complementa, precisa conceptos, amplía derechos y aclara competencias y facultades, lo que conlleva a que no se altere el sentido de esta ley.
Además, acogen la sugerencia del Mandatario para que todo procedimiento que implique el internamiento involuntario de personas, fuera de los casos de urgencias o emergencia, cuente con una orden judicial. La sustanciación de la solicitud será conforme a las reglas del debido proceso y del procedimiento voluntario,previstas en el Código General de Procesos, priorizando las citaciones de carácter telemático si fuere posible.
Igualmente, la solicitud de internamiento será presentada por el representante legal del establecimiento de salud ante los jueces competentes del domicilio de la persona a ser internada, se acompañará con la historia clínica y el informe emitido por el equipo interdisciplinario de salud mental, en el que se determinará el tiempo de internamiento.
También asegura el derecho a recibir en todos los prestadores de servicios de salud públicos, privados y comunitarios atención de salud con enfoque de derechos humanos, especializada, integral e integrada. Recibirán atención gratuita, multidisciplinaria, especializada y de calidad en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud; y, en los prestadores de servicios privados a los que dichas instituciones deriven a sus pacientes.
La ponente del informe será la asambleísta Ana Herrera en calidad de presidenta encargada de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.
RSA/pv
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