Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, calificado como urgente en materia económica, que tiene como finalidad el impulso inmediato del empleo, incremento de la recaudación tributaria y el incentivo a la inversión.
Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, informó que han recibido más de 200 observaciones de legisladores, autoridades de Estado, ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, las cuales han sido acogidas en gran parte, para que el proyecto cumpla los objetivos de dinamizar la economía del país.
Entre las modificaciones se plantea la condonación total de los valores generados por intereses, multas y recargos de los créditos estudiantiles si se paga el 50 % del capital y se firma un acuerdo de pagos del saldo; el 10 % de los proyectos de turismo que recibirán incentivos tributarios corresponderán a turismo comunitario; se incluye como beneficiarios de la deducción adicional del 150 % por promoción y publicidad de proyectos a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al cuidado de niños, niñas y adolescentes, construcción de soluciones habitacionales de emergencia para familias en pobreza o extrema pobreza y las organizaciones que donen equipamiento y suministros a las instituciones del orden interno.
Según la propuesta, el Gobierno Central transferirá el 3 % del valor ventas de los minerales explotados, a los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados de las áreas de influencia de la siguiente manera: 45 % GAD provincial, 35 % GAD municipal y 20 % GAD parroquial. Así también, para reducir la evasión tributaria establece una sanción de hasta 30 remuneraciones básicas unificadas, a los comercios que no entreguen comprobante de venta electrónico.
La norma dicta que no se podrán beneficiar de la remisión de tributos ni celebrar contratos por Asociación Púbico – Privadas con personas que resulten parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de autoridades de Estado.
Finalmente, la norma prohíbe otras modalidades contractuales en Zonas Francas ni para la ejecución de APP que no estén reconocidas en el Código de Trabajo.
Previamente, los comisionados escucharon a Nathaly Ortiz, subsecretaria de Inversiones del Ministerio de Producción; Mauro Tejada, representante del Servicio de Rentas Internas; Diego Falconí, delegado del Ministerio de Finanzas; y, Francisco Grijalva, de la Secretaría de Inversiones Público Privadas.
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