La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, recibió a la Directora de Personal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Margarita de la Cueva, organismo que se encarga del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional.
La representante del Consejo de la Judicatura, al explicar el desarrollo de este proceso, subrayó que el mismo se ha realizado con reglas claras, buscando la transparencia, para que a la Función Judicial ingresen los mejores profesionales en los cargos de jueces y notarios.
Ante el malestar de la ciudadanía, en el sentido que el proceso no se estaría llevando con claridad, aseguró que de los 11.903 postulantes que presentaron sus requisitos mínimos, al momento están rindiendo las pruebas 3 572 personas, debido a que en la calificación de las carpetas, cuatro mil personas no reunían los requerimientos básicos; luego, en la fase de méritos, apenas 3 572 llegaron con los mejores puntajes.
Lamentablemente la mayoría de postulantes no leyó el reglamento sustitutivo y los respectivos instructivos y recién en el camino se enteraban qué podían subir al sistema, dijo al recordar que este proceso inició en septiembre de este año.
Al grupo de postulantes con mejores puntajes se lo ha clasificado, de forma aleatoria, en cuatro grupos. Ellos tienen que dar las pruebas en distintos días. El sistema sortea las 50 preguntas, por tanto, no son las mismas para cada persona, con lo cual se garantiza la transparencia del proceso, explicó.
Señaló que de acuerdo con una resolución del Consejo de la Judicatura, se abrió el sistema para el proceso de calificación de carpetas, a fin de realizar una revisión exhaustiva de todos los postulantes, en vista de que algunos decían que no se les había tomado en cuenta ciertos cursos de capacitación, lo cual llevó a que las calificaciones varíen respecto de la información que fue publicada.
Añadió que según el Reglamento, se otorgan puntos adicionales a las personas por acción afirmativa, esto es si se identifica como de raza negra, indígena, montubia, por su condición de mujer, o vivir en zona rural.
De su lado, el presidente de la Comisión, Fernando Vélez, anunció que continuarán la investigación de este caso, en razón de que muchas personas que han participado en el proceso manifiestan que han sido afectadas, por cuanto se ha violentado el principio de oportunidad.
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