Con la presencia de Gustavo Chiriboga, experto en legislación penal, la Comisión de Justicia avanzó en el estudio de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, con el fin de escuchar las diversas observaciones que serán consideradas en la elaboración del informe para segundo debate.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño recordó que este nuevo proceso de socialización se cumple luego de unificar 39 proyectos de reformas al COIP, que crean herramientas para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada.
Gustavo Chiriboga, tras resaltar la importancia de abordar el tema, expuso sus observaciones en torno al régimen de rehabilitación social, a la vez aseveró que la norma vigente prevé el eje laboral para las personas privadas de libertad, como medio para viabilizar la rehabilitación social y la resocialización.
Así mismo, sostuvo que es necesario abordar la dosimetría penal, en el análisis de la revisión de las sanciones que debe guardar relación con las conductas, al tiempo que recordó que el COIP prevé como máxima pena 30 años de privación de la libertad por delitos de genocidio y en el otro extremo la sanción de 15 días para las contravenciones.
Comentó que no es posible que delitos contra la propiedad sean sancionados con la misma pena que se aplica a delitos contra la vida. Hay que tener cuidado con la aplicación de las penas. Otras observaciones se refirieron a justicia ordinaria y justicia indígena, al derecho a la legítima defensa, y adolescentes infractores, como grupos de atención prioritaria que tienen derecho a una justicia especializada.
Por último, sostuvo que la circunstancia agravante del delito por extorsión o las llamadas “vacunas”, ya está contemplada como delito autónomo en el COIP, por lo que considera innecesario incluir en la reforma.
PV
