La seguridad ciudadana y la crisis energética fueron temas que concitaron el trabajo de la Asamblea en la primera semana del año. En este contexto, aprobó la Ley de Seguridad y Ciencias Policiales y tramitó en primer debate los proyectos de Ley de Competitividad Energética y la reforma para prevenir el acoso y la violencia en el trabajo. Las comisiones avanzaron en los procesos de fiscalización y la revisión de proyectos de interés nacional y social.
El Parlamento creó la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que posibilitará mayor acceso a la educación superior
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, institución que tendrá personería jurídica propia, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica, administrativa, económica, financiera, orgánica y patrimonio público, conforme con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior. Iniciará sus actividades académicas con las carreras de licenciaturas en: Investigación Criminal y Forense; Gestión de Seguridad Ciudadana; e, Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Podrá ampliar su oferta académica conforme las disposiciones establecidas en la Ley de Educación Superior. Tiene como objetivos brindar educación superior a toda la sociedad ecuatoriana y formar profesionales que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana, tales como entidades gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado en el ámbito de prestación de servicios y producción.
Proyecto económico urgente de competitividad energética pasó el primer debate en el Pleno
El proyecto de Ley de Competitividad Energética cuyo objeto es superar la crisis energética mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado, pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí, se advirtió que la crisis energética responde a la baja producción de electricidad que bordea los 28.864 gW/h desde el 2018. Se estima que al 2027 la producción será igual, mientras que la demanda será de 38.663 gW/h, pese a lo cual en los últimos 6 años no hubo inversión en el sector. Esta iniciativa no contempla el incremento en la planilla eléctrica, sino que plantea estímulos para que el país haga una transición a energías limpias.
Bancadas respaldan proyecto que previene todo tipo de acoso y violencia en el trabajo
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, que reforma el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Público. En el debate se destacó la necesidad de erradicar la violencia y el acoso laboral, porque violan los derechos humanos, afectan la salud y el bienestar de los trabajadores, disminuyen la productividad y el rendimiento, crean ambiente laboral tóxico, y afectan la responsabilidad social de las empresas. En los casos de violencia y acoso laboral, plantea la posibilidad de emitir sanciones pecuniarias en contra de la persona natural o jurídica que haga las veces de empleador, medidas de reparación y de apoyo; y, presentación de disculpas públicas de quien cometió la conducta.
Autoridades y actores sociales acuden a la Asamblea a debatir las leyes
En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios) y otros cuerpos normativos, para la Defensa de los Pequeños y Medianos Productores, la Comisión de Educación escuchó los criterios de Luisa Torres, directora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y, Santiago Mosquera, docente universitario, experto en propiedad intelectual.
Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tipificación del delito, elementos del tipo penal, Sistema de Prevención y Combate contra el Lavado de Activos, subsistemas especializados, entre otros fueron los temas expuestos por directivos de Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en la Comisión de Régimen Económico, en el marco del análisis del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. También estuvieron presentes representantes de la Fundación Nueva Democracia.
La Comisión de Derechos Colectivos conoció la resolución de la Juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Santo Domingo de los Tsáchilas, a través del cual solicita la aprobación en el plazo de 10 meses de la Ley de Personas Adultas Mayores. Los parlamentarios aseveraron que tanto la Constitución, como la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan quienes tienen, entre sus competencias, la facultad de presentar proyectos de ley.
Las comisiones dejan listos los informes para conocimiento del Pleno
La Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe respecto a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, que ratifica los textos aprobados por la Asamblea Nacional, excepto las objeciones 1 y 2, sobre la finalidad y principios rectores, en las que se recomienda el allanamiento. Este proyecto busca reducir la brecha de desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral y garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre hombres y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y la República Popular China, que está diseñado para impulsar el crecimiento económico y promover inversiones en ambos países, lo cual puede conducir a la generación de empleo y al desarrollo de nuevas industrias y sectores. Además, aprobó el informe respecto a la Convención Marco sobre Ética del Turismo de la Organización Mundial del Turismo, que tiene el propósito de promover un turismo responsable, sostenible y de acceso universal a través de la aplicación de los principios éticos del turismo.
La Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado Ecuatoriano en Materia de Derechos Humanos. Asimismo, escuchó las observaciones de autoridades y expertos al proyecto de reformas al proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal.
El control político y la legislación no se detienen en las comisiones
La Comisión Especializada Ocasional encargada de investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato a la Presidencia de la República, aprobó el plan de trabajo y el respectivo cronograma que prevé la comparecencia y el pedido de información a diversas autoridades de instituciones del Estado, como la Presidencia de la República, Policía Nacional y los Ministerios de Gobierno y del Interior, entre otras.
A la Comisión del Derecho a la Salud acudió el ministro de Salud, Franklin Encalada, para explicar los procedimientos de contratación pública para cubrir las necesidades en insumos médicos y medicinas; planificación para contratar personal médico y administrativo; estado en la implementación del manual de reclasificación de puestos del personal administrativo de salud, entre otros aspectos. En otro orden, avanzó en el estudio de los proyectos de Ley para Erradicar la Desnutrición Infantil en el Ecuador; reformas a la Ley para el Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna; y, Reformatoria a varias Leyes, respecto del Aseguramiento de la Lactancia Exclusiva Materna de Madres Privadas de la Libertad.
La Comisión de Biodiversidad revisó los avances en los procesos de fiscalización, en cuanto a los requerimientos de información a las autoridades, por el cumplimiento de la Disposición Transitoria Undécima de la Ley para la Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica. Allí decidió llamar a comparecer a varias autoridades para que expliquen el cumplimiento de la ley, especialmente sobre la creación de las cuatro universidades en la Amazonía.
La Comisión de Fiscalización y Control Político definió el cronograma de trabajo y el trámite de la actuación de pruebas de cargo y descargo de la solicitud de juicio político planteado en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo.
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