Los reportes de los notarios, la diferenciación de las competencias de regulación, supervisión y control de actividades financieras, intercambio de información, entre otros, fueron los temas tratados en la Comisión de Régimen Económico con los representantes de la Federación Ecuatoriana de Notarios, Junta de Política y Regulación Financiera y la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos (DINARDAP), en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Homero López, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, observó que la propuesta sobre las nuevas obligaciones trastocaría la esencia del notariado. El directivo se pronunció en desacuerdo que los notarios sean sujetos obligados no financieros, en actos relacionados con el “reconocimiento de firma de contratos de compra y venta de vehículos”, entre otras precisiones.
El asambleísta Manuel Bohórquez preguntó sobre los reportes que consideran la variación que existe entre el valor de la promesa de compraventa y el valor real que consta en la escritura pública. Jorge Álvarez consultó de qué manera, los notarios controlan que un bien inmueble no sea producto del lavado de activos. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios precisó que los abogados elaboran el contrato para que los notarios lo eleven a escritura pública.
María Mercedes Erbs consultó sobre los reportes cuando existe una diferencia sustancial entre la promesa y la escritura pública. El compareciente respondió que se reportan las 18 formas de contratos, que superan los montos de 10 mil dólares.
Juan Pablo Molina reflexionó sobre la necesidad de incluir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el sistema notarial para identificar a tiempo las alertas.
También en comisión general, expusieron las delegadas de la Junta de Política y Regulación Financiera. Catalina Pazos, tras recordar la normativa que sustenta la actuación en la prevención y combate al lavado de activos, pidió que se tome en cuenta a esta entidad en la conformación del Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, denominado (CONCLAFT).
Entre tanto, Nelly Arias, secretaria Técnica, señaló las atribuciones establecidas en el Código Monetario y Financiero, siendo necesario diferenciar las competencias del órgano rector, en este caso de la Junta de Política y Regulación Financiera, de las funciones de supervisión y control que tienen otros organismos, respecto a las actividades financieras.
Asimismo, desde la Junta de Política y Regulación Financiera solicitaron que se precise en el artículo 27 del proyecto, lo referente a las administradoras de tarjetas de crédito, como sujetos obligados a implementar medidas para prevenir el delito.
Por último, Diana Velasco, de la DINARDAP, dio a conocer la lista de hechos en los que podrían presentarse casos de lavado de activos, así como las observaciones al articulado. Concluyó que faltan especificaciones sobre el sistema para el intercambio de información, tema en el que planteó que se mantenga la competencia directa de la interoperatividad.
En otro punto de la agenda, la comisión avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que unificó dos proyectos de ley relacionados con la prevención del delito de lavado de activos, presentado por el exlegislador Ricardo Vanegas y el de iniciativa de los exlegisladores Eitel Zambrano y Nathalie Arias.
AM/pv
Más fotografías:
