La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales inicio el proceso de control político a la gestión de los ministerios del Ambiente, de Energía y Minas, a Petroecuador y al Banco de Desarrollo, en cumplimiento del Plan General de Trabajo del período legislativo 2023-2025.
Antes de iniciar la sesión, el presidente de la comisión, Guido Vargas resaltó la presencia de los asambleístas que evidencia su compromiso con el país, aún en el actual estado de zozobra.
En esta ocasión, la comisión aprobó enviar seis pedidos de información sobre contaminación ambiental, minería, saneamiento ambiental y manejo de aguas residuales a las autoridades titulares de los mencionados organismos estatales, a fin de iniciar los procesos de fiscalización, amparados en la Constitución de la República.
El asambleísta Jaime Moreno afirmó que la mesa legislativa se mantendrá vigilante de recibir la información solicitada y recalcó que el cronograma de comparecencias no puede detenerse, pues la Asamblea le debe respuestas a la ciudadanía, aunque el país esté atravesando por momentos críticos.
En otro orden, los parlamentarios decidieron solicitar al Consejo de Administración Legislativa la unificación de 31 proyectos de reformas al Código Orgánico del Ambiente, a excepción del Proyecto de Ley de Páramos, dado que debe cumplir una consulta prelegislativa antes de su tratamiento en sesión plenaria.
Además, la comisión avocó conocimiento de la decisión de la Corte Constitucional, referente a la objeción presidencial parcial del proyecto de reformas a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
El dictamen ratifica lo planteado por la mesa legislativa en los artículos 41.1, 41.2 y 41.3, sobre la obligatoriedad de las empresas nacionales y extranjeras con operaciones en la Circunscripción Territorial Amazónica, para la contratación preferente del 80 % de residentes permanentes de este territorio.
Los asambleístas Comps Córdoba y Celestino Wisum coincidieron en que esta reforma fue construida desde el territorio, con los actores más afectados por la falta de empleo, servicios y el abandono sistemático. “Este es un avance importante hacia la justicia social en la Amazonía y la construcción del Ecuador plurinacional y de equidad”, enfatizó.
Al concluir la sesión, Guido Vargas comprometió los esfuerzos de la comisión para que este proyecto sea tratado y aprobado con agilidad por el Pleno de la Asamblea Nacional.
CV/pv
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