La socialización del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades se amplía en la Comisión de Derechos Colectivos. Esta vez acudieron a exponer sus observaciones representantes del Club Paralímpico; Asociación Ecuatoriana por la Discapacidad; y una profesional de la Psicología.
El presidente del Club Paralímpico de Deportes de Personas con Discapacidad Visual, Germán Yépez sugirió que quienes representen y presten servicios a este grupo social sean personas con discapacidad, para que comprendan mejor la situación de adversidad en la que se encuentran.
Juan Balseca, de la Asociación Ecuatoriana por la Discapacidad informó que ha presentado 16 observaciones de fondo, entre ellas, que se reforme la tabla de jubilación de personas con discapacidad del IESS, a fin de que deje de considerarse el término de invalidez, por cuanto son personas con diferentes capacidades, pero no inválidas.
Al momento, manifestó, que las personas con discapacidad acceden a la jubilación cuando el IESS considera que se ajustan a la valoración de invalidez. “Es necesario que nosotros también accedamos al salario básico unificado básico, para alcanzar una jubilación justa y digna”, sostuvo.
Balseca también se refirió al porcentaje de personas con discapacidad que la Ley actualmente permite participar en el ámbito electoral. Pidió que el proyecto considere el 13 % de participación.
Adicionalmente, propuso incluir la identificación de instancias jurídicas sancionatorias, a las que se pueda acudir cuando requieran realizar una denuncia a las instituciones que incumplen con la ley u obstaculicen el acceso a sus derechos.
A estas peticiones, se unieron las de la psicóloga con discapacidad, Sara Cotacachi, quien se refirió a la necesidad e importancia de que la nueva ley reconozca la existencia de los cuatro tipos de discapacidades, en vista de que solamente reconoce dos: la física e intelectual. Recordó que las discapacidades también incluyen la sensorial, auditiva y de lenguaje, y la psicosocial, esta última de mayor demanda de atención.
Al igual que Balseca, reconoció que la ley no se cumple en instituciones públicas y privadas en cuanto al porcentaje de contratación de personas con discapacidad y enfatizó que es necesario identificar a las personas con estas condiciones, que están en capacidad de cumplir con ocho horas de trabajo para que se apliquen los beneficios salariales y de jubilación justos.
Por otro lado, instó a que mejoren los servicios tecnológicos para este sector poblacional, mediante la adquisición de equipos que faciliten las gestiones y actividades de las personas con discapacidad, como es importación de máquinas con sistema braille, lo que fue apoyado por Juan Bayardo, abogado no vidente, que recomendó mejoras en los implementos tecnológicos de las instituciones públicas. Ambos recomendaron que se exonere el pago de aranceles para este tipo de equipos.
En el segundo orden del día, la comisión avocó conocimiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Son 20 objeciones, entre ellas 16 textos alternativos y la eliminación de cuatro artículos.
Las observaciones tienen relación con el estado civil de las personas, eficiencia de trámites administrativos y tecnología, cambio de sexo y rectificación de nombres y apellidos por errores durante la inscripción de nacimiento, parto humano en casa y certificación de nacimiento en esta condición, inscripción de personas fallecidas, entre otros.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas dispuso al equipo asesor preparar el informe para continuar su tratamiento en la siguiente sesión.
KC/pv
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