La Comisión de Régimen Económico continúa la recepción de criterios y observaciones que contribuyan al proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Representantes del Ministerio de Defensa y del Instituto Nacional de Capacitación respondieron a la convocatoria de los comisionados y presentaron sus propuestas, con la finalidad de que sean incluidas en el proyecto.
Óscar Vizcarra, del Ministerio de Defensa, manifestó que es necesario darle autonomía a la institución que representa para que, a través de un régimen especial de contratación, pueda acceder a equipos (aeronaves, por ejemplo), bienes y servicios profesionales especializados, los mismos que requieren ser identificados y analizados por personal capacitado.
Sin embargo, hasta el momento, confirmó que la institución se encuentra obligada a acogerse al procedimiento de contratación de la Ley vigente (régimen común de contratación), la misma que obliga a un trámite burocrático y engorroso, ya que los procesos de contratación deben pasar por filtros, primero del Ministerio de Defensa, para luego llegar al Presidente de la República, quien emite la autorización.
Este proceso, indicó, implica pérdida de tiempo y limitaciones para el actuar inmediato en la seguridad, sostuvo. A su criterio, el Ministerio de Defensa debe encargarse en su totalidad del proceso de contrataciones especiales, sin que el Ejecutivo deba intervenir, y que la Contraloría General del Estado, sea el ente que realice el control.
En el mismo tema, Pablo Dávila, director ejecutivo del Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), insistió en que el país requiere una nueva Ley de Contratación Pública de vanguardia, que se acople al ritmo y cambios del Ecuador y del mundo, y deje de ser burocrática y engorrosa.
Se refirió al término “amarres” que dentro del sistema actual de contrataciones se ha normalizado, especialmente cuando se trata de ínfimas cuantías, lo que, a su criterio, fomenta la corrupción, porque “son dadas a dedo”.
“La Ley dice que la entidad contratante invita a un consultor, pero los mismos funcionarios recomiendan a ese consultor que invite a otros 4 ó 5 para que gane el concurso”, denunció. Para evitar estos actos de corrupción, es indispensable que se actualicen los conceptos de contratación pública, como la inteligencia artificial, que se utiliza en otros países, dijo.
En otro orden, la comisión continuó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Esta vez participaron: Alicia Contero, investigadora del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y Freddy Salas, presidente del Comité Panamericano para la Prevención del Lavado de Activos.
Los comparecientes sugirieron, entre otros aspectos, que el proyecto considere la inexistencia de sentencias sobre lavados de activos. Entre 2016 y 2020, según indicó Elisa Contero, existieron apenas tres sentencias condenatorias por año. Desde esa fecha al 2022, solo una. “Más del 90 % de inculpados están esperando una sentencia”, recalcó.
También manifestó que Guayas, Pichincha y Carchi son las provincias en donde mayor lavado de activos existe, según las investigaciones de la organización a la que representa, por lo que recomendó incluir el control en fronteras de la salida y entrada de dinero.
Freddy Salas se refirió a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de la cual, indicó, no existe claridad acerca de la dependencia que la rige. A su criterio, el proyecto debe proponer que sea la Presidencia del Ecuador, su ente rector.
Reiteró que uno de los errores es que no exista retroalimentación interinstitucional sobre el lavado de activos. Instó a que se proponga que la UAFE comparta su información con otros entes de control financiero para identificar con mayor eficacia a los involucrados en este tipo de delito.
La comisión continuará receptando criterios de expertos y autoridades financieras, a fin de construir un proyecto que ayude a contrarrestar el lavado de activos.
KC/pv
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