En el marco del proceso de fiscalización de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes dentro del Sistema Nacional de Educación, César Córdova, defensor del Pueblo; y, Xiomar Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, expusieron acciones emprendidas por ambas instituciones.
El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en diciembre de 2023 se publicó el Informe Intermedio de Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, que comprende la investigación defensorial del período 2018 - 2023 y analiza el tratamiento y atención de las instituciones estatales para atender estos casos.
El informe detalla que de los 52.051 casos reportados en la Fiscalía General del Estado, solo 2.160 cuentan con sentencia, lo que representa apenas el 4,15 %. Así también, de los más de 9.000 casos atendidos por el Consejo de la Judicatura tan solo 2.566 han sido resueltos. Agregó que el Ministerio de Educación ha identificado alrededor de 20 mil casos de violencia sexual a menores, en su mayoría perpetrados por personas ajenas al sistema educativo.
Resaltó que es importante evaluar y actualizar los protocolos de intervención para que las víctimas cuenten con acceso a procesos de atención, juzgamiento y reparación adecuados para garantizar la protección integral de los menores y sus familias.
En tal sentido, el informe recomienda que el Estado cuente con un registro único de casos; que se evalúen y actualicen los protocolos de atención especializada para niños, niñas y adolescentes; asegurar recursos para la investigación, juzgamiento y reparación de delitos sexuales; ejecutar campañas de sensibilización y promoción de la denuncia; y, fortalecimiento del sistema de justicia.
De su lado, Xiomar Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, indicó que la Agenda Nacional ANII 2021 – 2025 establece políticas relacionadas con el eje de seguridad, no violencia y acceso a justicia que plantea la prevención y erradicación del trabajo infantil; prevención del embarazo adolescente, garantizando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y, erradicación de la violencia, asegurando mecanismos integrales de restitución, Mientras que en el eje de educación, ciencia y cultura se prioriza la promoción, acceso, permanencia y culminación de la educación inicial, general básica y bachillerato.
Subrayó que el Estado debe contar con un ente rector de la protección de la niñez y adolescencia, ya que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Inclusión Económica y Social no tienen entre sus competencias la atención especializada a estos grupos etarios.
En otro orden, la Comisión resolvió insistir a la Unidad de Técnica Legislativa que inicie el proyecto de codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya que desde el 2011 se han aprobado siete proyectos de reformas y es necesario contar con un solo texto codificado en el que conste únicamente el articulado vigente.
También solicitarán a la unidad correspondiente asesoría en el proceso de seguimiento y evaluación de la ley.
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