La Comisión de Biodiversidad profundiza su trabajo de legislación y control político. Hoy, tras el conocimiento de la calificación del Consejo de Administración Legislativa, inició el tratamiento de los proyectos de Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica por la Equidad y Justicia para las Provincias; y, de Distribución Eficiente y Equitativa de las Regalías Mineras en Territorios no Amazónicos.
El primero presentado por el exasambleísta Diego Esparza, busca promover la equidad en el acceso de recursos con la representación de todas las provincias en el Consejo Amazónico, para garantizar voz y voto bajo un contexto de consenso.
Mientras, el segundo está orientado a incluir a los territorios no amazónicos en la asignación que actualmente rige los recursos por concepto de regalías mineras, de forma directa a los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes para la ejecución de planes, programas o proyectos de inversión social y desarrollo.
Su proponente, el asambleísta Antonio Vega explicó sus alcances y señaló que se pretende generar una política clara, específica que regule de manera eficiente y equitativa el reparto de regalías mineras dentro de los territorios no amazónicos específicamente en las áreas de influencia en las que se ejecuten actividades relacionadas con la explotación minera.
“Ambos documentos serán distribuidos por los canales de difusión de la Asamblea Nacional, para ser socializados e iniciar su tratamiento lo antes posible”, informó el presidente de la comisión, Guido Vargas.
Voces ciudadanas
La comisión tras recibir a los representantes de la Asamblea Ciudadana de los afectados por derrames petroleros, pasivos ambientales y fuentes de contaminación del cantón Cuyabeno y de todos los bloques petroleros en Sucumbíos y Orellana, por la extracción petrolera que realizan Petroecuador, Andes Petroleum y los Consorcios Petroleros, resolvió visitar a las provincias de Sucumbíos y Orellana, el 7 de febrero.
El propósito es conocer de cerca los derrames petroleros con un enfoque específico a la fiscalización de las empresas, así como visitar puntos estratégicos donde hay la presencia de mecheros; y la comparecencia de la máxima autoridad de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales y Naturaleza.
Miguel Ángel Rueda, representante de la Asamblea Ciudadana, enfatizó que Andes Petroleum es una empresa con capitales chinos, "que vino a ordeñar los pozos que ya existían en la zona". Aseguró que, debido a los derrames petroleros, pasivos ambientales y fuentes de contaminación, está causando muertes no solo de las plantas y animales, sino también de sus seres queridos. Demandó la inmediata atención a la remediación de los pasivos ambientales; la aplicación de la Ley Amazónica que está en plena vigencia; la comparecencia de las ministras de Energía y de Ambiente; copia de los términos de negociación con Andes Petroleum y los Consorcios Petroleros; seguimiento al tema; y, sesión de la comisión en territorio.
La Comisión también conoció la queja de los moradores de la parroquia General Farfán, en contra de la empresa Gran Tierra, que opera en la ribera del río San Miguel, que según indican, no cumple los requisitos para su operación, causando malestar en el sector. Amir Leiva dijo que al momento de socializar el plan ambiental encontraron varias anomalías en el manejo de impacto, por lo que se acogieron al derecho a la resistencia desde el pasado septiembre de 2023.
Igualmente escuchó la denuncia de los pobladores del cantón Las Naves, provincia de Bolívar, a quienes les preocupa la contaminación de las fuentes de agua. La problemática la explicó Eduardo Tuárez, de la Cámara de Comercio. Fausto Zúñiga afirmó que están de acuerdo con el proyecto de la minería, pero que se deben formular leyes de minería legal responsable.
Los legisladores se unieron a las demandas ciudadanas y mostraron su malestar por el poco control en la minería ilegal y la mala distribución de las regalías. Juan Carlos Camacho manifestó que la situación del cantón Las Naves es complejo, “estamos en contra de las minerías ilegales, así como de las petroleras, que obtienen tantos recursos, luego se van contaminando y perjudicando el bienestar de las poblaciones”. Bolívar Mieles indicó que el problema no solamente afecta a Sucumbíos, pues esa misma situación y sus efectos negativos lo vive la provincia de Orellana. Enfatizó que es una lucha constante defender los derechos de los moradores de los sectores que están amenazados por las empresas petroleras.
Por último, la comisión conoció la sentencia de la Corte Constitucional respecto del caso Sarayacu vs. Ecuador, que precisa que el organismo constitucional verificó el incumplimiento de las obligaciones demandadas y acepta la acción. Como medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, se dispone, entre otros aspectos, que la Asamblea Nacional, en el plazo de 6 meses, organice, sistematice y consolide los proyectos de ley relacionados con la consulta previa, para de esta forma adelantar el trámite parlamentario de forma eficiente. Vargas informó que la comisión tiene 15 días de plazo para procesar estos documentos.
RSA/pv
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