La Comisión de Seguridad Integral continúa la recepción de observaciones para enriquecer el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia. Con este fin, hoy acudieron a esta mesa legislativa los equipos técnicos de 7 instituciones estatales.
La legisladora Inés Alarcón, presidenta de la comisión, expresó que todas las instituciones involucradas en la inteligencia estatal deben converger en sus esfuerzos para que esta iniciativa tenga un carácter técnico y sea valiosa para la paz y la seguridad nacional.
El general Roberto Freile, del Centro de Inteligencia Estratégica, mencionó que las operaciones de inteligencia y contra inteligencia deben estar enmarcadas con un margen de acción más amplio, que les sirva para anticiparse a cualquier amenaza. Por esto sugirió incorporar la figura de “ciclo de producción de inteligencia”, que contemple cada paso de un plan estratégico de inteligencia.
Además, consideró necesario, por la magnitud actual de acceso a tecnologías de la información, que la propuesta estipule la existencia de cyberinteligencia, para que las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia puedan actuar en casos de cyberdelito, cyberterrotismo y cyberamenazas.
Por otro lado, Carlos López, subdirector técnico del Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911, observó que para que este organismo cumpla las funciones integradoras de información y transmisión de la misma, en función de las emergencias, que le otorga este proyecto de ley, requiere que se establezca la no vulneración de la ley de protección de datos personales.
“Para que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se realicen sin cometer vulneraciones de derechos, se requiere implementar en el proyecto de ley el concepto de anonimización, con el que se modifican ciertos detalles para proteger la identidad de personas involucradas y, principalmente, preservar la seguridad de las fuentes”, dijo Diana Velasco, directora Nacional de Registros Públicos.
Al respecto, la directora de asesoría jurídica de la Dirección General de Registro Civil, Doménica Guevara, coincidió al mencionar que “debe referenciarse en todo el articulado que la protección de datos personales está amparada en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.
Adicionalmente, sugirió que se amplíe el plazo para la entrega de información, de las 48 horas establecidas en esta normativa, a 10 días, pues la demanda de información procesada por su institución impediría el cumplimiento de ese plazo.
Previo a finalizar la sesión, los legisladores realizaron sus consultas a los invitados, en el ámbito de sus competencias, con la finalidad de solventar sus dudas y continuar en una próxima sesión el tratamiento de este articulado.
CV/pv
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