La Comisión de Régimen Económico inició la fase de socialización del proyecto de Ley para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, herramienta legal para desmantelar las redes delictivas, privar a los infractores de ganancias ilícitas y proteger la integridad del sistema nacional de contratación pública.
En la fundamentación del proyecto de ley urgente en materia económica, el Ejecutivo recuerda que, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, apenas en 1 de cada 10 casos se realiza el comiso de bienes producto de los ilícitos, generando impunidad económica efectiva del 93 % en causas por delincuencia organizada; además, entre 2015 y 2020, se emitieron tres sentencias condenatorias al año, por lavado de activos, cifra que se redujo a 1, entre 2020 y 2022.
En este contexto, la comisión, tras avocar conocimiento del proyecto, recibió a la directora de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, Tatiana Sampedro, quien resaltó que se hayan incluido varios tipos penales en los que procede la extinción de dominio. Precisó que esta extinción es un procedimiento especial, que no persigue a las personas como tal, sino a los bienes adquiridos de manera ilícita.
La legisladora María Teresa Pasquel expresó su apoyo a la propuesta para recuperar los dineros, producto de bienes ilícitos. De su parte, la asambleísta María Mercedes Erbs dijo que la normativa de Colombia y sus avances, respecto a la calificación de actividad ilícita, así como la atemporalidad, son aspectos a tomar en cuenta en Ecuador.
Jorge Peñafiel manifestó que, ante los vacíos de la actual Ley de Extinción de Dominio de 2021, es necesario actuar frente a la acumulación del patrimonio ilícito. Dijo que la ley vigente vincula la extinción de dominio con la responsabilidad penal. La asambleísta Sandra Rueda añadió que como bancada legislativa Construye ha presentado varias observaciones al proyecto urgente. Esta posición la compartió la legisladora Carla Cruz.
Manuel Bohórquez pidió que se analicen los plazos que constan en la normativa, porque pueden existir hechos que mientras se investigan, se pueden enajenar los bienes. Valeria Montenegro consultó sobre los mecanismos o forma para verificar la licitud o ilicitud de los bienes.
Entre tanto, el abogado Christian Gallo, experto en Derecho Penal, se refirió a los delitos de criminalidad compleja, fin económico de los delitos, inclusión de particulares, además de los servidores públicos entre los denunciados, causal de extinción de dominio en cualquier tiempo, presentación de la denuncia por parte de la Procuraduría, período corto de seis meses para el proceso, acciones reparatorias solicitadas por los investigados por afectación al derecho a la defensa, carencia de presupuesto en el sector justicia y necesidad de jueces especializados en extinción de dominio.
El legislador Juan Pablo Molina reflexionó sobre la protección que deben tener los fiscales a cargo de las investigaciones patrimoniales. El asambleísta Cristian Vega, tras recordar que hay más sentencias favorables a los denunciados en casos de lavado de dinero, reflexionó sobre el espíritu del proyecto respecto al uso del dinero ilícito.
La legisladora Dámaris Yugcha requirió ampliar la información sobre los posibles resultados a conseguir con jueces especializados en esta materia.
El cuerpo legal, de 66 artículos, reforma la Ley de Extinción de Dominio, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de la Contraloría General del Estado, Ley de la Procuraduría General del Estado, Código Orgánico Administrativo y Ley Tenencia de Armas.
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