En la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, Sonia Salamea, de la Red de Víctimas de Femicidio; y, Pablo López, docente de la Universidad del Azuay, expusieron sus puntos de vista respecto del proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el marco de la socialización de la propuesta, como paso previo a la construcción del informe para primer debate.
La presidenta de la Red de Víctimas de Femicidio, Sonia Salamea pidió leyes más justas y duras para los responsables de la violencia de género, tras relatar su testimonio y denunciar las irregularidades que se dieron en el proceso de excarcelación del asesino de su hija, a pesar de la confesión del reo y las evidencias en las escenas del crimen.
Demandó de aval económico para la reparación de víctimas de femicidio, a la vez advirtió que en los procesos legales son revictimizadas. Narró que en 2017 un criminal, compañero de trabajo, obsesionado asesinó a su hija; fue acusado por homicidio y fue confeso de su crimen, con una condena de 34 años 8 meses y uno más por mala conducta, pero que fue premiado porque nunca estuvo en cárcel de mayor seguridad.
Dijo que recibió un primer hábeas corpus de quien no tenía competencia en el Azuay y fue trasladado a la cárcel de Azogues y otra jueza de Montecristi le otorgó la excarcelación, aduciendo que está loco, cuando se verificó que estaba estudiando abogacía. “Ahora está en la clandestinidad y desde allí está pidiendo la nulidad del juicio”, añadió.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas señaló que existe un sistema de justicia que lacera, pero se está trabajando con mucha responsabilidad para que no queden cabos sueltos en estos casos y las víctimas cuenten con leyes que les respalden.
A criterio de Pablo Sebastián López, docente de la Universidad del Azuay, el problema no es, específicamente, el diseño institucional sino la cultura jurídica de aplicación y comprensión de la norma. Señaló que ahora es difícil cumplir de manera eficaz una sentencia constitucional y resolver los procesos de garantías constitucionales. Con relación al hábeas corpus dijo que hay que fortalecer las reglas de competencias.
El vicepresidente de la comisión, Adrián Castro sugirió determinar en la norma que cuando se presente un hábeas corpus sea notificada la víctima. Comentó que es necesario fijar reglas claras para resolver las medidas cautelares y acciones de protección, a fin de garantizar el cumplimiento de las sentencias.
Varios asambleístas propusieron modificar el procedimiento de la reparación económica, para que las víctimas no acudan ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y que el mismo juez que emita la sentencia vele por su cumplimiento.
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