La Comisión de Régimen Económico, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, recibió al delegado de la Contraloría, Néstor Toro-Hinostroza, quien presentó observaciones, a fin que no se entienda que esta institución es parte procesal en las fases de investigación y judicial, en los procesos de extinción de dominio.
Con este fin, sugirió que se efectúen precisiones a los artículos 12 y 45 del proyecto, porque la Contraloría únicamente emite responsabilidades administrativas, civiles y presunciones de responsabilidad penal.
Asimismo, presentó varias propuestas de reforma, entre ellas sobre la notificación electrónica, siendo necesaria la modificación del artículo 55 de la Ley de la Contraloría y el artículo 19 de la Ley del Servicio Público. Sin embargo, lo fundamental para la Contraloría es la remisión de intereses respecto a las coactivas, porque al 30 de noviembre de 2023 existieron 17.018 títulos de crédito, con 356 millones de dólares que no han sido cobrados, por lo que con una posible remisión se obtendría al menos 150 millones de dolares.
Los comisionados consultaron sobre los procesos de contratación por excepción, informe previo y tipo de análisis, envío de los Informes de Responsabilidad Penal (IRP), entre otros aspectos relacionados con las facultades de la Contraloría General del Estado.
Sin sentencia ejecutoriada
Romina Espinel, asesora de la Ministra del Interior, analizó el contenido del artículo 7 del proyecto referente a la necesidad o no, de una sentencia condenatoria ejecutoriada para la extinción de dominio. “Lo óptimo es no requerir esta sentencia porque la figura de extinción de dominio es patrimonial. Tenemos que buscar que esta ley sea eficaz”, dijo.
Presentación de la denuncia
Nathaly Cevallos, de la Procuraduría General del Estado (PGE), con relación a la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, presentó sus observaciones a la definición de actividad ilícita, que contiene la lista de delitos.
Entre tanto, respecto a la presentación de la denuncia en la fase de investigación patrimonial, pidió que su contenido sea analizado. Además, sostuvo que la Procuraduría actualmente no está en capacidad de la cuantificación del bien o bienes, objeto de extinción de dominio.
Juan Pablo Neira, también de la PGE, precisó que en determinados procesos de la contratación pública, el informe de pertinencia debe estar a cargo de la Contraloría y el informe de legalidad, a cargo de la Procuraduría.
Observatorios ciudadanos
Stalin Andino, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, dijo que el proyecto pretende luchar contra los delitos de cuello blanco y crimen organizado, que están unidos. Precisó que la extinción de dominio es la parte final, por lo que el proyecto urgente toma en cuenta los primeros momentos que se dan en la contratación pública. En este campo, solamente en obras en 2023, en los procedimientos de licitación, cotización y menor cuantía, se movieron 1.421 millones de dólares. Aquí subrayó la importancia de la creación de observatorios ciudadanos, en pasos claves como la elaboración de los TDR y calificación de ofertas.
Afectación del patrimonio
Andrés Ormaza, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), consideró que para la extinción de dominio deben existir las condiciones: mecanismo no penal y cláusula de temporalidad. Puso el ejemplo del narcotraficante Pablo Escobar, quien al momento de su muerte no tenía una sentencia condenatoria en su contra, pero sí se logró afectar su patrimonio.
En el análisis, el doctor Ormaza observó la lista de delitos con los que se define la actividad ilícita, que delimita el alcance de la figura de la extinción de dominio, sin oportunidad que se incluyan nuevas conductas u otras modalidades del crimen organizado.
Conagopare
Pabel Cantos Centeno, presidente de Conagopare, tras recordar las necesidades de los gobiernos parroquiales, apoyó que en la normativa en trámite se consideren recursos para la conectividad rural, iniciativa del legislador Cristhian Vega.
AM/pv
Más fotografías:
